Roberto Rivas Reyes, Presidente del Poder Electoral. (Foto)

Por tres abogados de oposición de Nicaragua ante la Fiscalía del país vecino, por supuestos ilícitos.

Tres Abogados de Nicaragua presentaron acusación penal contra el Presidente del Consejo Supremo Electoral, CSE, Doctor Roberto Rivas Reyes pero en Costa Rica. Lo acusan de supuestos ilícitos que conforme a la legislación penal de Nicaragua implica la tipificación de fraudes, peculado, malversación, defraudación aduanera y enriquecimiento ilícito. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General la República de Costa Rica desde el 20 de Enero de este año.

Los Abogados pertenecen al organismo de oposición denominado Asociación de Abogados Democráticos cuyos directivos son los abogados Gustavo García, Lulio Marenco y David Castellón.

Solicitan al Ministerio Público el decomiso preventivo de los bienes inmuebles adquiridos por el Presidente del Poder Electoral en Costa Rica mientras dura la investigación que puede llevar 2 meses.

Los Juristas dicen que la medida se basa en que “para que este ciudadano explique cómo adquirió esos bienes siendo funcionario aquí en Nicaragua, y que tiene sus efectos o resultado de un hecho posible penal, de lavado o franqueo de dinero; tiene que dar respuesta de ese hecho, son cosas que no se pueden tapar”, dijo el abogado Gustavo García.

Los Juristas se basan en el artículo 6 del Código Penal de Costa Rica, que permite abrir causa penal en el territorio de Costa Rica y aplicar la norma penal cuando se haya cometido un hecho punible en el extranjero y su resultado final produzca efecto en parte o en todo el territorio”, expresa parte de los argumentos jurídicos de la denuncia penal.

Lulio Marenco, dijo que se hicieron investigaciones en sobre el supuesto “desmedido enriquecimiento” del Presidente del CSE Doctor Roberto Rivas Rivas Reyes, con lo cual obtuvo como patrimonio en Costa Rica una mansión, al adquirir cuatro propiedades en el condominio Vista Hermosa.

La medida de acusar a Rivas en Costa Rica la adoptaron porque no encontraron respuesta de

Las autoridades nicaragüenses, ni la Contraloría General de la República, trascendió. El caso muestra ser interesante ya que se realiza sin que en Nicaragua haya habido ningún juicio, ni una resolución judicial.