Ana Morales. (foto Archivo)

La Ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales Mazún, reiteró ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, que la legislación que prohíbe el aborto terapéutico, seguirá vigente en Nicaragua

En Nicaragua es penado el aborto terapéutico y así lo reiteró ayer en Ginebra, Suiza, la representante del país centroamericano y Ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales Mazún, quien se presentó ayer en el Examen Periódico Universal, EPU, que es un instrumento de revisión de la situación de los derechos humanos de los estados miembros de las Naciones Unidas, ONU.

Señaló la Ministra Morales que “las transformaciones legales y las nuevas disposiciones referidas al aborto en Nicaragua son el resultado del ejercicio de la soberanía en nuestro país… no es un asunto de carácter religioso”, al exponer su punto de vista oficial acerca de la penalización del aborto cuya legislación fue abolida después de estar vigente desde inicios del siglo XX, durante el gobierno liberal de José Santos Zelaya, en el Código Penal.

“La mayoría de los ciudadanos nicaragüenses consideran que es importante el derecho a la vida del no nato, que es también un ser humano con goce del derecho a la vida, que el aborto no es un método apropiado de control de la natalidad (...) la solución es realmente la prevención a través del uso de los métodos anticonceptivos”, enfatizó la ministra.

Algunos países como México, Francia, Eslovenia y Noruega reclamaron a la delegada de Nicaragua una reforma legal para autorizar el aborto terapéutico, ya sea por circunstancias en la cual se presente el delito del incesto, de violencia sexual contra la mujer, o si hay peligro de la vida de la mujer por esos delitos.

La defensora de los derechos humanos, Vilma Núñez de Escorcia, de Nicaragua y quien ocupa el cargo de Vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), quien estuvo durante las deliberaciones en Ginebra, expresó a algunas agencias internacionales de noticias que lamentaba que el gobierno de Nicaragua no consultara a toda la sociedad civil para elaborar su informe frente a esta comparecencia en la ONU, afirmando que así había ocurrido con su organización.

Expresó su preocupación por las violaciones “de los derechos de la mujeres, específicamente la violencia sexual intrafamiliar y la prohibición del aborto terapéutico como una medida para salvar la vida de las mujeres en situaciones de riesgo por un parto o un embarazo difícil”.

Esther Mayor, de Amnistía Internacional (AI), dijo por otro lado a las agencias informativas internacionales que “el Código Penal revisado de 2008 prevé sanciones penales para los profesionales de la medicina y la enfermería que traten a una mujer embarazada por afecciones como el cáncer o emergencias cardíacas, cuando el tratamiento pueda causar lesiones o la muerte del embrión o el feto”.

“No hay ninguna excepción en la ley ni protección para los médicos (...), si esta ley no se reforma urgentemente, mujeres y niñas van a continuar sufriendo graves violaciones de sus derechos humanos(...) siendo obligadas a llevar a término su embarazo, y también aumentarán las muertes maternas”, enfatizó Mayor, quien dijo que su ONG no fue consultada por el gobierno de Nicaragua.