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El contralor colegiado, Luis Ángel Montenegro, aclaró en una comparecencia ante la Asamblea Nacional , que el Centro de Convenciones Olof Palme es propiedad del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, a pesar de que se había hablado en forma extraoficial que el edificio fue vendido.

"Es público que el Seguro Social remodela el Olof Palme con fines de obtener ingresos para beneficio de los jubilados (...). Está dentro de su derecho remodelar, no ha sido ni vendido, ni regalado", precisó el contralor Luis Ángel Montenegro.

La Carta Magna establece en su artículo 154 que “La Contraloría General de la República es el organismo Rector del sistema de control de la administración pública y fiscalización de los bienes y recursos del Estado”.

En su informe anual ante los diputados el contralor colegiado, Luis Ángel Montenegro, dijo utilizando La Gaceta, diario oficial, que el Centro de Convenciones “Olof Palme” sigue siendo propiedad del INSS.

Expresó el Contralor Colegiado que hay informaciones falsas que se están vendiendo al país .La Contraloría requirió información y se encontró que el INSS fue licitado en diciembre del 2013 para su rehabilitación. Expresó : “Lo que hay es una desinformación total, porque se aseveran cosas que no se han investigado, he visto aseverar en los medios de comunicación, que fue vendido a particulares y que están invirtiendo para construcciones con fines mercantiles”, agregó Montenegro.

No dijo cuáles serán las funciones del Centro de Convenciones “Olof Palme” cuando sea remodelado y dijo que “eso lo tienen que preguntar al presidente del Seguro Social”.
Existe una resolución sobre la remodelación del edificio por 422,118,166 córdobas que fue adjudicado como único oferente a Constructores Nicaragüenses Asociados SA (Coniasa) de la cual es asociada con el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) del Ejército de Nicaragua. La remodelación durará según el pliego de base 18 meses.

Ayer el Contralor Colegiado , Luis Ángel Montenegro, dijo que durante el proceso control externo, la institución determinó responsabilidad administrativa a 310 servidores y ex servidores públicos en 57 entidades que incluyen 26 municipalidades y 31 instituciones centrales. No dio los nombres de los funcionarios .

Montenegro dijo que en el año 2013, 10 mil 717 servidores públicos hicieron sus declaraciones patrimoniales de los cuales 9 mil 673 equivalen a inicios de funciones y 1,044 a los que dejaron de trabajar para el Estado, expresó el vicepresidente de la Contraloría General de la República, un ente que para los estudiosos del Derecho Constitucional tiende a ser el quinto poder del Estado por su poder control sobre el uso y manejo de los recursos del estado en todos los niveles. No se supo de algún funcionario que tenga acusaciones en los juzgados por malos manejos de los recursos públicos.