Casi setenta años después de la finalización de la guerra civil española, sigue sin conocerse el número exacto de las víctimas causadas por la represión franquista y miles de personas continúan sin saber donde se hallan los restos mortales de sus familiares y allegados. No se han investigado responsabilidades, ni se ha encausado a presuntos culpables. España comienza tan sólo ahora a examinar este aspecto de su pasado.

Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional (una de las más altas instancias judiciales de España), decidió el pasado mes de agosto abrir diligencias previas, ante las demandas de localización de personas desaparecidas en España durante la guerra civil de 1936-1939 y la posguerra. Aunque de sobra conocido, el fenómeno de los desaparecidos no alcanzó, sin embargo, una difusión generalizada hasta que fue denunciado por Amnistía Internacional y otras organizaciones no gubernamentales en 2004.

A pesar de haber transcurrido ya más de treinta años de la muerte del dictador Franco y casi setenta de la finalización de la guerra civil, todavía los españoles no sabemos con certeza el alcance real, en cifras de víctimas, de la represión política. Más grave es que miles de ciudadanos siguen careciendo de información veraz sobre la ubicación de los restos de sus familiares.

A diferencia de otros países europeos que salieron de regímenes dictatoriales en los mismos años, en España no hubo ni juicios ni exigencias de responsabilidades. La política archivística asumió también el pacto de silencio implícitamente aceptado por los agentes políticos de la transición. Así, el silencio de los archivos actuaría como refuerzo de la Ley de Amnistía del año 1977, que sacó de las cárceles a los opositores del franquismo y permitió el regreso de los exiliados pero que, a la vez, dejó libres de toda responsabilidad a los militares y altos funcionarios del régimen anterior que hubieran podido cometer cualquier clase de delito.

En efecto, muchos fondos documentales fueron destruidos o se perdieron. El acceso a otros quedó cerrado durante décadas y, aún hoy, las principales fuentes sobre la represión franquista, si no están legalmente excluidas de la consulta pública, continúan en una situación de uso casi imposible por su deplorable estado de conservación. Lo más dramático en el tema de los archivos de la justicia militar es que ningún gobierno, desde 1977 hasta ahora, ha sido capaz de regular tales archivos, que han quedado en el limbo jurídico.

Conocer el pasado

España no podía quedar al margen del movimiento universal que los años noventa contemplaron en favor del conocimiento de la verdad sobre los delitos de lesa humanidad. Ese movimiento iba a hacer converger en un solo eje reivindicativo las exigencias de memoria, verdad y justicia. Tras la experiencia de las Comisiones de la Verdad, tras la creación en 1998 de la Corte Penal Internacional y tras actuaciones judiciales como las del propio Garzón, invocando la competencia universal en el procesamiento de Pinochet o de los represores argentinos, en España empezaron a surgir, prácticamente en todos los rincones del país, asociaciones para la recuperación de la memoria histórica.

En el ámbito de las actuaciones políticas, el año 2006 fue declarado Año de la Memoria Histórica por el Congreso de los Diputados y el conocimiento del pasado se planteó como una de las líneas de actuación del gobierno de Rodríguez Zapatero en su primera legislatura (abril de 2004 – marzo de 2008), al final de la cual se promulgó la popularmente conocida como Ley de Memoria Histórica.

La mémoire historique hors la loi Aplicar la ley en la práctica

Sin embargo, todas las buenas intenciones declaradas por el nuevo gobierno no tuvieron su paralelo en el desarrollo de las políticas archivísticas, esenciales en toda política de memoria. Sólo la polémica creación en 2008 del Centro de la Memoria, cuya estructura y cuyo carácter no son aún conocidos con claridad, se puede contabilizar entre las medidas concretas tomadas por el gobierno español en este sentido.

En cambio, los grandes fondos militares considerados secretos (en algún caso con documentos de 1905, pero principalmente con conjuntos muy abundantes de documentación del período 1936-1977) continúan esperando su apertura a la consulta y los archivos de tribunales y juzgados militares siguen siendo inutilizables, esperando una ubicación adecuada y una entidad u organismo que se haga responsable de ellos.

Más necesaria que las grandes declaraciones políticas acerca de la importancia de conocer la verdad sobre nuestro pasado, usadas muchas veces como arma oportunista de distanciamiento de los rivales políticos, es la puesta en marcha de políticas archivísticas concretas. En primer lugar, en el terreno legislativo, se hace imprescindible en España una Ley de Acceso a la Información. Del mismo modo, España no puede seguir careciendo de una Ley de Archivos que regule de forma clara el funcionamiento del sistema archivístico español y concrete responsabilidades y competencias sobre su patrimonio documental.

Antonio González Quintana, Presidente de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP).