El Ejército hondureño cometió el grave delito constitucional de atreverse a desplegar los tanques y secuestrar al Presidente, y enviarlo a botar a Costa Rica; cometiendo uno de los errores más grandes que marcarán negativamente a su institución. Aunque en las leyes hondureñas el destierro no existe ni como medida preventiva ni como pena. Sin embargo, en esta ocasión, el golpe puede calificarse de “atípico”, (porque no encaja el modelo), a pesar de contar como siempre con el interés complaciente de la oligarquía travestida de oposición.
El extraño Golpe de Estado a Honduras, se produce en un concierto internacional de absoluta condena política de los estados, incluido el principal socio histórico de los golpes de estado del siglo XX: los Estados Unidos de América (USA). Hace muy poco no habría costado adivinar la mano de Washington en la jugada, hoy parece inverosímil que unos militares formados en la Escuela de las Américas actuaran sin conocimiento de la base norteamericana de Soto Cano en Honduras.
A finales de los años sesenta y comienzos del setenta, más de la mitad de los países del mundo tenían gobiernos surgidos de golpes de estado exitosos. El golpe de estado como método de sucesión gubernativa se volvió más usual que las elecciones o la sucesión monárquica. Pero, los políticos hondureños le han dado un fuerte golpe al proceso de construcción democrática que se ha venido gestando en los últimos 28 años; demostrando su ignorancia a los cambios que se han producido en el contexto internacional, y un profundo irrespeto al Estado de Derecho.
Los tratadistas de las ciencias políticas definen el golpe de Estado como una acción dirigida a cambiar el orden establecido mediante el derrocamiento de las personas que ocupan la dirección política del Estado. Se lleva a cabo en forma súbita; y en su ejecución intervienen las fuerzas armadas activa o pasivamente.
La expresión “Coup d’Etat” (golpe de Estado) es de origen francés, y se refiere a los cambios de gobierno operados transgrediendo la Constitución del Estado, generalmente de manera violenta y por parte de los mismos detentores del poder político; en tal sentido, la usurpación ilegal del Estado por antonomasia es el concretado por Luis Bonaparte, en 1851, cuando da el golpe de gracia a la II República, de la que él mismo era Presidente y se proclama nuevo Emperador de Francia.
El significado de la expresión ha sufrido una evolución histórica. Sólo un elemento se ha mantenido inmutable y se presenta justamente como “trait d’union” (el enlace) entre estas diferentes configuraciones: el golpe de estado es un acto llevado a cabo por parte de órganos del mismo Estado.
El primer objetivo es ocupar y controlar los centros del poder tecnológico del Estado, como la red de telecomunicaciones, la radio, la televisión, las centrales eléctricas, las estaciones ferroviarias y las intersecciones de caminos: esto permitirá adueñarse de los órganos del poder político. La complejidad del aparato tecnológico del Estado moderno es la fuente tanto de su fuerza como de su fragilidad.
Pero los actores del golpe de Estado han cambiado. En la mayoría de los casos, quienes se adueñan del poder político son los titulares de uno de los sectores claves de la burocracia estatal: los jefes militares. El golpe militar o pronunciamiento, según la voz acuñada por la tradición española, se ha transformado, de este modo, en la forma más corriente de golpe de estado.
El bonapartismo instaurado en Honduras, es un golpe de nuevo tipo. Y tiene sus raíces en una situación crítica, debido a una exasperada conflictividad entre las clases: conservadora, cultura política provinciana y primaria, de larga tradición golpista. Con una izquierda que quiere modernizarse.
Hoy no existe golpe de Estado sin la participación activa de por lo menos un grupo militar o la neutralidad-complicidad de todas las fuerzas armadas. En la gran mayoría de los casos implica, por lo tanto, la incautación, por parte de un grupo de militares o de las fuerzas armadas en su conjunto, de los órganos y las atribuciones del poder político, mediante una acción sorpresiva con cierto margen de seguridad.
Desde el punto de vista jurídico, Kelsen ha explicado, en la Teoría General del Derecho y del Estado, que el golpe de Estado instaura un nuevo orden jurídico, pues la violación de la legalidad del orden anterior implica también el cambio de la norma fundamental y, por lo tanto, la invalidación de todas las leyes y disposiciones emanadas en virtud de la misma. Son por estas razones por las que, según el derecho internacional, el gobierno surgido de un golpe de estado debe pedir un nuevo reconocimiento a los demás estados.
El golpe de Estado es uno de los mayores delitos constitucionales, porque involucra, históricamente, un repertorio de las peores violaciones a los Derechos Humanos, de triste y dolorosa recordación para la mayoría de los pueblos latinoamericanos. Los golpes militares, eran algo frecuente en las décadas de los 50, 60 y 70 del siglo XX, como parte de la doctrina anticomunista de seguridad nacional impulsada por los gobiernos de USA, que patrocinaban dictaduras militares desde el Río Bravo hasta La Patagonia. Tanto fue el arraigo de ésta práctica que, en el caso de Chile, el Secretario de Estado, Henry Kissinger se atrevió a decir: “No podemos permitir que un país se haga Marxista por la irresponsabilidad de su pueblo”, para justificar a la tiranía militar que encabezó Augusto Pinochet.
La nueva realidad política latinoamericana permitió en esta ocasión que el Presidente destituido sólo haya salido secuestrado y exiliado. Hay que destacar que es gracias a los tiempos políticos que se viven en el continente, hasta hoy, no se ha permitido a los golpistas de Honduras, derramar la cuota de sangre acostumbrada en este tipo de operaciones ni practicar la violencia masiva, ni ampliar a sus anchas el marco doloroso de atropellos a los derechos civiles de los hondureños.
La condena de los gobernantes centroamericanos no se ha hecho esperar. Los países de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), y otros organismos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, han dado su total apoyo al Presidente de Honduras Manuel Zelaya. La prueba de fuego es ahora para la Organización de Estados Americanos (OEA), que debe demostrar si es capaz de hacer valer su Carta Democrática. No puede haber trasgresores del orden constitucional, ni los golpes militares pueden quedar en la impunidad. Sólo la comunidad internacional puede imponer a Honduras una solución.
Estamos en un momento muy sombrío que nos recuerda a los peores momentos de los países latinoamericanos, es un hecho que nos remonta a la peor barbarie de nuestra historia política. La comunidad internacional es determinante para salvar a la región, pero el problema es más complicado de lo que parece. Las dictaduras militares y la barbarie no deben volver a América Central. Ninguna crisis política debe ser resuelta por un Golpe de Estado, así sea “atípico”.
* Jurista, Politólogo y Diplomático.
