“Rendición extraordinaria”, o entrega extrajudicial, es el eufemismo que utiliza la Casa Blanca para referirse a un secuestro. Si no lo cree, pregúntele a Maher Arar, un ciudadano canadiense que fue “extraditado” por Estados Unidos a Siria, donde fue sometido a torturas durante casi un año.

Esta semana, el Tribunal Federal de Apelaciones de Estados Unidos del Segundo Circuito Judicial, en la Ciudad de Nueva York, desestimó una causa entablada por Arar contra las autoridades gubernamentales (incluido el Director del FBI, Robert Mueller, el ex Secretario de Seguridad Nacional, Tom Ridge, y el ex Fiscal General, John Ashcroft) que presuntamente habrían conspirado para secuestrarlo y someterlo a torturas.

Arar se encuentra hoy a salvo en Canadá, recuperándose junto a su familia. Pero con esta decisión el Poder Judicial está enviando una señal al gobierno de Obama de que no intervendrá para detener los brutales excesos de la “Guerra Mundial contra el Terrorismo” iniciada en la era Bush. Deja así intactas prácticas tales como la entrega extrajudicial, la tortura y el empleo del ‘privilegio del secreto de Estado’ para ocultar estos crímenes.

La trágica odisea que protagonizó Maher Arar es uno de los casos más conocidos y el que más a fondo se ha investigado de las víctimas de la “rendición extraordinaria” practicada por Estados Unidos. En el año 2002, Arar fue de vacaciones a Túnez junto a su familia. El 26 de septiembre, cuando viajaban de regreso a Canadá, al hacer escala en el aeropuerto internacional JFK, en la ciudad de Nueva York, Arar fue interceptado antes de que pudiera abordar su avión y quedó detenido por averiguaciones. Le tomaron las huellas digitales y fue registrado tanto por oficiales del FBI como del Departamento de Policía de Nueva York. Cuando solicitó un abogado, le dijeron que no tenía ningún derecho. Luego fue trasladado a otro lugar, donde se lo mantuvo incomunicado, sin comida ni asesoramiento jurídico, y se lo sometió durante dos días a interrogatorios agresivos. En los interrogatorios se le preguntó sobre su supuesta afiliación a diversos grupos terroristas, y sobre Osama bin Laden, Irak y Palestina, entre otras cuestiones. Al cabo de esos dos días fue llevado encadenado a un centro de detención federal de máxima seguridad de Brooklyn, ciudad de Nueva York, donde fue sometido a un cacheo al desnudo y amenazado con ser deportado a Siria.

Arar pidió que no lo deportaran a Siria, su país de origen, porque allí seguramente sería torturado. Pero, tal como argumentarían posteriormente los abogados de Arar, eso era precisamente lo que sus captores esperaban que pasara. Finalmente se le permitió a Arar hacer una llamada y pudo comunicarse con su suegra, que le consiguió una abogada y la visita de un funcionario del Consulado canadiense. Durante casi dos semanas las autoridades estadounidenses lo amenazaron con la expulsión a Siria si no confesaba sus vínculos con el terrorismo. Pero no lograron obtener la confesión que buscaban. Arar negó una y otra vez tener algún tipo de relación con el terrorismo. Hasta que un fin de semana, en medio de la noche fue llevado a la fuerza y encadenado a un jet privado contratado por la CIA y, sin ningún tipo de trámite migratorio ni una llamada a su abogada o al Consulado canadiense, fue trasladado a Jordania, donde fue entregado a las autoridades sirias.

Durante 10 meses y 10 días, Arar permaneció encerrado en una oscura, húmeda y fría celda del tamaño de una tumba. Fue azotado con gruesos cables eléctricos y golpeado reiteradamente; lo obligaron a escuchar las torturas a otros prisioneros; lo mantuvieron sin comida; y lo amenazaron con choques eléctricos y otras atrocidades. Cuando ya no aguantó más la tortura, mintió y confesó que había sido entrenado como terrorista en Afganistán. Un buen día, después de casi un año, fue liberado de repente y entregado a Canadá, con casi 20 kilos menos y emocionalmente quebrado.

El gobierno canadiense, bajo la conducción del Primer Ministro conservador Stephen Harper, realizó una investigación, en la que determinó su propia culpabilidad por haber entregado información inexacta al FBI, y llegó a un acuerdo con Arar, que consistió en una disculpa y una compensación de 10 millones de dólares. El gobierno estadounidense, por su parte, no ofreció disculpa alguna. Ni siquiera eliminó a Arar de la lista de sospechosos de terrorismo. Arar tiene prohibido el ingreso a Estados Unidos y hace dos años tuvo que prestar un testimonio ante el Congreso a través de una videoconferencia.

Arar dijo: “Estos últimos años han sido una pesadilla. Poco a poco, desde que volví a Canadá, mis heridas físicas han ido sanando; pero sigo sufriendo a diario las secuelas mentales y psicológicas que me dejó esa terrible experiencia. Sigo sufriendo de pesadillas y revivo constantemente lo que padecí. No soy la misma persona que era antes. Mi deseo es poder trasmitir al mundo lo frágil que se han vuelto nuestros derechos humanos y cuán fácilmente los mismos gobiernos que han jurado protegerlos nos los pueden usurpar.”

Dados los excesos del gobierno de Bush y las promesas de cambio de Barack Obama, muchos se han sorprendido de que estas políticas continúen en pie y que el Congreso y el Poder Judicial no hayan cerrado este capítulo de la historia estadounidense. El Presidente Obama no ha condenado en ninguna oportunidad la práctica de rendición extraordinaria. La abogada de Arar, Maria LaHood, del Centro por los Derechos Constitucionales, calificó de “escándalo” la decisión judicial contra Arar: “Esta decisión es de una amplitud tal que nos afecta a todos. Básicamente, lo que implica es que si el gobierno federal decide tomar acciones con el argumento de proteger la seguridad nacional, podría torturarnos y hasta matarnos y los tribunales federales no nos ampararían.”

En su opinión disidente, el juez Guido Calabresi afirmó: “Cuando se escriban los anales de este distinguido tribunal, la decisión mayoritaria adoptada hoy será evaluada con pesar.”
Considerando los tormentos que sufrió Arar, es admirable la calma con la que ha recibido la decisión. “Por sobre todo, esta decisión significa una pérdida para todos los ciudadanos y para el estado de derecho,” dijo Arar.