De una manera desafortunada se ha presentado ante la Asamblea Nacional un proyecto de reformas a la Ley 372, creadora del Colegio de Periodistas de Nicaragua (CPN). Esta iniciativa es huérfana de apoyo de parte de muchos colegiados, de las organizaciones gremiales UPN, APN y del Sindicato de Periodistas. El mismo Colegio no se ha expresado con entusiasmo al respecto. La causa es no haber consultado debidamente a los interesados; y después, no haber obtenido, en un Congreso del Colegio, el visto bueno del periodismo nacional, dada la relevancia que tiene reformar una ley.
Además de inconformidad en un gremio que se ve ignorado e irrespetado, el proyecto de reforma ha causado un debate, no del contenido de la misma, sino del tema de fondo de la colegiación profesional, que estaba soterrado después de la aprobación de la ley en el 2001 y de la accidentada, confusa y hasta irregular constitución del Colegio de Periodistas de Nicaragua en el año 2005 en el Centro de Convenciones Olof Palme. Se ha levantado un avispero sobre presuntas violaciones constitucionales relacionadas con las libertades de asociación y de contratación, y con la libertad de expresión en general. Sobre las reformas, muy pocas voces se han escuchado.
Me distancio de los cuestionamientos a la colegiación, pues la considero válida y necesaria para fortalecer un ejercicio en verdad profesional del periodismo. Es cierto que esta ley, como dicen algunos, puede ser utilizada políticamente desde el gobierno para reprimir a periodistas críticos u opositores, sobre todo si el FSLN controlara a la junta directiva del Colegio. Pero, igual se podría decir de las leyes fiscales o de cualquier ley, sobre todo si se controla la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia y casi todo el sistema judicial, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de Justicia, la Procuraduría de Justicia, la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos, el gobierno central y casi todas las instituciones autónomas del Estado. ¿La maquinaria infernal que decía Nicolás Bujarin?
Estaría mucho mejor el periodismo nacional si desde hace unas dos décadas sólo ejercieran los periodistas profesionales y los empíricos con al menos cinco años de ejercicio (en su momento) como establece la Ley de Colegiación. Entre los empíricos hemos conocido a verdaderos ejemplos: excelentes analistas de la realidad, lectores empedernidos y por ello talentosos escritores, y, por si fuera poco, abrazados a una sólida y terca ética insobornable. Pero hemos visto también a muchos empíricos hechos “periodistas” por empresarios irresponsables, contratistas de mano de obra barata, fácil y manipulable, lo que ha creado varias generaciones de impostores, de deshonestos y técnicamente incapacitados, que denigran y degradan al periodismo y a los periodistas.
Estoy de acuerdo con el asunto de fondo de la colegiación, es decir, que ejerzan el periodismo sólo los profesionales de esta disciplina y de otras afines, como comunicación social. Igual que los médicos ante el MINSA y los abogados ante la Corte Suprema de Justicia, los periodistas debemos presentar nuestro título profesional ante el Colegio de Periodistas, para obtener una licencia y ejercer la profesión; y cumplido este requisito, el Colegio, sin más, debe entregar de inmediato la licencia. Y nos vemos.
Otra cosa es que el periodista quiera tener el estatus de “miembro”, y cotice y reciba beneficios, lo cual es optativo, nadie debe ser obligado a ello, y los directivos del Colegio deben ser transparentes y presentar con claridad estas dos modalidades, lo que no ha sido así desde la constitución del CPN, aunque a decir verdad, como el gremio vive entre la espada y la pared, la mayoría del periodismo nacional se siente atraída por los aspectos de seguridad social que pudiera ofrecer este organismo.
En cuanto al contenido de las reformas, lo principal es la antojadiza y errónea pretensión de configurar un súper organismo, una peligrosa mega estructura todopoderosa que amenaza con desplazar en poder y facultades a la Junta Directiva del CPN, lo cual es un disparate mayúsculo. El Comité de Ética debe enfocarse en su competencia, que es mucha y muy delicada, velando porque los periodistas se atengan a los principios éticos del periodismo profesional. No debe pretender más facultades como poder convocar a Congresos, vigilar los asuntos contables y financieros (para eso está el tesorero y el fiscal), ni que sean inapelables sus decisiones en Managua, donde están la mayoría de los comunicadores sociales.
Se crea una desigualdad de derechos, porque los periodistas de las filiales del Colegio, sí pueden apelar, pero no los de Managua. Esto es absurdo. Es conferir demasiado poder, lo cual, como ya sabemos, propicia arbitrariedades e injusticias. Debe haber apelación ante la Junta Directiva, para que los periodistas de la capital no quedemos en indefensión, lo cual es un verdadero contrasentido, siendo que el Colegio debe proteger y fortalecer profesionalmente a los periodistas. Esta reforma a la ley, por ejemplo, debió presentarla la Junta Directiva, y no la Presidenta del Comité de Ética.
Demasiado trabajo tendría el Comité de Ética con sólo velar por la ética, así que no tiene sentido pretender disputarle atribuciones a la Junta Directiva. De hecho, a medio año de su elección, tiene pendientes el Código de Ética y su Reglamento. Para elaborar el Código, debe fusionar de manera técnica y objetiva, los dos proyectos que hay. Sería ideal que el documento final, sea llevado nuevamente a discusión en talleres en todo el país, como hicimos con el Proyecto de Código de Ética Profesional de los Periodistas de Nicaragua. Y después, aprobarlo en un Congreso.
Al elaborar el Reglamento, y al velar por la aplicación del Código, se deberá tomar en cuenta que esto es un asunto de conciencia, y por tanto, si verdaderamente se desea un comportamiento ético, no hay que pensar en reprimir, sino en discutir suficientemente, una y otra vez, en detalle y profundidad, las normas éticas, no sólo para conocerlas, sino para apropiarse de ellas e interiorizarlas y hacerlas nuestras, a fin de que guíen nuestro proceder al momento de recolectar, procesar, escribir y comunicar información.
En la reforma también se elimina que la dirección del Colegio debe rotarse entre miembros de UPN y APN, lo cual sólo es una formalidad, porque la intolerancia ya se había encargado de hacerlo. En la práctica no convienen planchas homogéneas de periodistas de un solo sector, mucho menos si se ve a lo lejos un uniforme partidario. Más bien se debería procurar directivas muy representativas de los diferentes grupos o corrientes que existen entre los periodistas, pero sólidamente unidas por el interés profesional. Ante todo, debemos estar en el Colegio como periodistas. Y nada más. Si querés defender a Daniel, Alemán o a Montealegre, andate para el partido.
*Editor de la Revista Medios y Mensajes.
