Se dio a conocer que el candidato a la presidencia de Nicaragua por el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Dr. José Rizo Castellón, durante tres años estuvo pagando el mínimo en el consumo de agua potable. La información fue dada a conocer por el canal 2 de televisión al que se le asocia  de parte de círculos políticos de estar involucrado en la campaña electoral de Eduardo Montealegre Rivas por la Alianza Liberal Nicaragüense.

Rizo se defendió diciendo que su esposa se dirigió a la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, ENACAL, reportando el bajo cobro desde el mes de septiembre  del 2004. ENACAL alega que el cambio de medidor se realizó  a finales del año pasado en vista de problemas económicos de la empresa. Fuentes del PLC señalan que la información dada a conocer por Canal 2 de TV es parte de la campaña electoral que entrará en lo fino próximamente.  

También se supo que el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, a través de su diputados esta preparando un anteproyecto de ley en el caso de los Certificados Negociables de Inversión, CENIS, ya que a través de esos certificados se esta pagando la quiebra de varios bancos afectando los “recursos necesarios para la inversión social”, dio a conocer en conferencia de prensa, la diputada del PLC, Lilliam Tábora, quien dijo que los adquirientes de buena fe de los ENIS serán respetados.

Ayer durante la conferencia de prensa del PLC le sacaron al candidato Eduardo Montealegre Rivas por la ALN-PLC, que había hecho depósitos de certificados cuyos valores sobrepasaron los originales, según dijo Haroldo Montealegre.  

Leonel Teller Vocero del PLC dijo que se deberían de “sacar la podredumbre de 90 millones de dólares” de ganancias de Eduardo Montealegre  con cuentas que era de clasificación  D y las hizo aparecer en categoría de A. El diputado del FSLN Edwin Castro dijo que el expresidente Arnoldo Alemán, 1997-2001,  y el actual mandatario Enrique Bolaños no estaban autorizados a emitir los CENIS porque la ley no los facultaba.

Los CENIS alcanzan una deuda de más de 600 millones de dólares que fueron utilizados en su mayor parte para pagar las quiebras bancarias.