Un trabajador de la empresa estatal, Telecomunicaciones y Correos, TELCOR, que laboraba en el área de cartera y cobros del ente regulador de las telecomunicaciones, fue detenido por la policía nacional el día de ayer. Se le señala de haber cometido irregularidades en el desempeño de su cargo. Hay un conflicto en TELCOR debido a que la anterior directora Marta Julia Lugo fue despedida del puesto luego que mostrara preferencias políticas por la fracción liberal del candidato del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Dr. José Rizo Castellón.
La anterior titular procedió a interponer un recurso de amparo para saber si ella podía ser despedida de su cargo por el Presidente Bolaños ya que se dieron reformas parciales de la Constitución en el 2004 y que se aplicarían en el 2005.
Las reformas parciales de la Constitución indican que solamente la Asamblea Nacional puede ratificar en 15 días a los Directores del ente regulador, embajadores y Ministros que nombre el presidente. Las reformas parciales de la Carta Magna fueron congeladas y su aplicación están previstas a entrar en vigencia hasta cuando asuma el nuevo mandatario en Enero del 2007 por medio de un acuerdo marco de los diputados.
La Corte Suprema de Justicia, CSJ, su Sala Constitucional, todavía no ha resuelto sobre el recurso de Amparo en el fondo de si el Presidente esta en facultad de quitar o poner en el cargo del ente regulador a un funcionario de los servicios públicos o estas facultades están limitadas a las reformas parciales de la Constitución realizadas en el 2004 por los diputados. na resolución, sin embargo de la Sala Constitucional, resolvió mantener en el cargo a Marta Julia Lugo quien había sido destituida por el Ejecutivo.Fue nombrada sustituta en el puesto Ana María Alegria. Actualmente el cargo del ente regulador de las telecomunicaciones, TELCOR, lo ocupa el vice Ministro nombrado por Bolaños, el Lic. Foad Hassan Lanzas, quien ostenta las funciones de Ministro por la ley. Hay de hecho dos directores en el ente regulador uno nombrado por el mandatario y otro ratificado por una resolución judicial que le quita facultades a la presidencia para poner o quitar ministros.
