El artículo 165 del Código Penal que señalaba de legal el aborto terapéutico, fue suprimido de la legislación nicaragüense por 52 votos de los diputados de la Asamblea Nacional. Todos los partidos incluyendo al izquierdista Frente Sandinista votaron por la supresión del artículo. La medida legislativa fue considerado un retroceso ya que esa norma legal tenía más de un siglo de estar establecida en las leyes.

Las mujeres y organismos internacionales como la UNICEF, Unión Europea realizaron ingentes esfuerzos para que los legisladores depusieran sus actitudes. Se impuso la presión de las iglesias católicas y evangélicas sobre los políticos que temían perder su proyección en un momento electoral  que los pondrían en una situación desventajosa ante los electores mayoritariamente religiosos.

Las organizaciones de mujeres acusaron a los diputados en el propio plenario del parlamento de asesinos al aprobar la ley de supresión del aborto terapéutico. Las activistas feministas consideran que podría darse un incremento de los abortos ilegales en todo el país con la medida legislativa aprobada. Organismos de Mujeres recurrirán por Inconstitucionalidad ante la ley que suprimió la figura del aborto terapéutico.

Las feministas señalan que se encuentran desprotegidas y la vida de miles de mujeres esta en peligro. Muchas plantearon que la actitud parlamentaria no se basó en criterios médicos científicos y se puso al margen de la realidad social del país. Las que practiquen el aborto terapéutico serán condenadas entre dos y 6 años de cárcel.