El Canciller de Nicaragua en Centroamérica, Samuel Santos López, se suma al equipo jurídico de La Haya en Holanda, para escuchar la resolución de la Corte Internacional de Justicia sobre las objeciones de rechazo preliminar interpuestas por Colombia que no acepta la competencia del Tribunal Internacional de Justicia , un máximo órgano judicial de competencia de las Naciones Unidas, ONU. El diferendo es relativo a la delimitación de las  fronteras en el mar Caribe entre ambas naciones.

El Abogado de Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia de La Haya es el Dr. Carlos Arguello Gómez. Los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) fallarán hoy  sobre el caso.

El fallo, que está previsto sea leído por la Presidenta de la Corte Internacional de Justicia, la Dra. Rosalyn Higgings, no abordará el fondo del contencioso.

El Canciller Samuel Santos López de Nicaragua ratificó su confianza en que el máximo organismos de internacional falle a favor de Nicaragua.

"Una vez que la Corte sentencie, los países civilizados como Colombia, país amigo, tiene que aceptar el fallo y se tiene que preparar para contestar nuestra demanda en los próximos días", afirmó el  jefe de la diplomacia nicaragüense.

Colombia solicita a los jueces que declaren "terminado" el conflicto marítimo con Nicaragua, porque, en su opinión, la CIJ, el máximo órgano judicial de la ONU, no tiene competencias en este caso, un argumento que rechaza de pleno Nicaragua.

En el litigio que Nicaragua elevó en 2001 ante la Corte contra Colombia, ambos países se juegan la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, los cayos y demás áreas insulares y marítimas, una zona rica en recursos petrolíferos.
Bogotá niega la existencia del problema, pues considera que la frontera entre los dos países quedó fijada en el tratado Esguerra-Bárcenas de 1928. En ese tiempo Nicaragua estaba ocupado por tropas de marines de los Estados Unidos que luchaban contra el guerrillero Augusto César Sandino.

Además el Gobierno de Nicaragua del Presidente Daniel Ortega Saavedra, considera inválido ese tratado porque se adoptó cuando Nicaragua estaba invadida por tropas estadounidenses, insiste en la existencia del litigio y asegura que muestra de ello es que después de 1930 han tenido lugar negociaciones bilaterales entre los dos países para intentar resolverlo.

Managua fundamentó su denuncia en el artículo 31 del Pacto de Bogotá de 1948, en el que los dos países se comprometieron a reconocer la competencia de la CIJ en la resolución de conflictos relacionados con el derecho Internacional o la interpretación del Tratado.

Colombia niega la validez de este artículo como base legal de la denuncia de Nicaragua, donde argumenta que el citado pacto también dice en su artículo 6 que no puede aplicarse en temas que ya han sido solucionados en tratados anteriores.

Además, invocando el artículo 44 del Pacto de Bogotá, Colombia pide a la CIJ que declare "terminado" el conflicto de naturaleza marítima en juego, que para este país ya está solventado desde 1930.

Con este contencioso, Nicaragua trata de lograr que la CIJ le reconozca la soberanía sobre unos 50.000 kilómetros cuadrados en el mar Caribe.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, solicitó al Presidente colombiano Álvaro Uribe a acepte la competencia de la CIJ, y no apueste a "la ley del más fuerte". Además señaló que Colombia realiza despliegues militares fuertes en la zona.