El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Manuel Martínez, afirmó no estar de acuerdo con el decreto presidencial que establece la reducción de los megasalarios que devengan los funcionarios públicos hasta en un cincuenta por ciento, puesto que lo considera una medida populista, al ser un decreto ejecutivo y no contemplarse bajo la categoría de Ley General.

De acuerdo a las impresiones del Magistrado Martínez, pese a tener la categoría de servidor público; posee la facultad para negarse al mandato de rebajarse su salario mensual de cuatro mil dólares. “El día que me digan va a ganar tanto, eso voy a aceptar, si me parece; sino busco mi profesión”, enfatizó al respecto el Magistrado.

Por su parte los miembros del Consejo de la Contraloría General de la República ratificaron su compromiso de acatar la disposición del Ejecutivo, dentro del marco de la legalidad; es decir recibir el salario que determine la Asamblea Nacional una vez aprobado el instrumento jurídico correspondiente, dijo el vicepresidente de la Contraloría General, Lino Hernández Triguero.

Así mismo el Presidente electo del Órgano de Fiscalización Nacional, Contralor Luis Ángel Montenegro, instó al Presidente Daniel Ortega a respaldar la iniciativa de Ley que introdujeron ante el Parlamento Nacional para contar con una nueva Ley Orgánica de la Contraloría. Montenegro dijo que el ente fiscalizador solicita una asignación del uno por ciento del Presupuesto General de la República.

De igual forma hizo un llamado al mandatario para mantener buenas relaciones entre la Contraloría General de la República y el Poder Ejecutivo, a fin de evitar las fricciones registradas durante las administraciones anteriores.