Con la existencia de grupos que superan los 6 mil Consejos del Poder Ciudadano conformados y existentes actualmente, según lo anunciado por la primera dama de la República, Rosario Murillo, quien a la vez anunció que para el próximo mes de septiembre estarán instaurados casi 17 mil, ha provocado que la oposición al gobierno proteste en contra de este sistema comunal.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, sentó su posición a favor de los Consejos que está formando el gobierno, aunque los diputados, específicamente, de las bancadas de la Alianza Liberal Nicaragüense, Partido Liberal Constitucionalista y del Movimiento Renovador Sandinista quieran derogar el artículo 8 de la ley 290, de competencia del poder ejecutivo, que ordena la creación de estos Consejos.

Omar Cabezas Lacayo, Procurador de los Derechos Humanos en Nicaragua, manifestó que esta institución apoyará cualquier tipo de agrupación ciudadana aunque sea derogado por el parlamento nacional.

Sixto Ulloa, Procurador para los Derechos de la Ciudadanía, dijo que “posiblemente” la Asamblea derogue los Consejos del Poder Ciudadano, por la potestad que tiene este poder del Estado, pero no tiene la capacidad de negar el derecho de unidad que tiene la ciudadanía, señaló.

Al  señalar que si el poder legislativo deroga los consejos del poder ciudadano, el ejecutivo no tendrá posibilidades de seguir conformando los Consejos, aunque en la constitución ciudadana aparezca la libertad de agrupación que tienen los nicaragüenses.