La Jornada
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ACTUALIZADO: 13 DE JUNIO DE 2007
Mujeres presionan por la no penalización del aborto terapéutico 
Por Zayda Garméndez

Hoy esperan mujeres opuestas a la penalización del aborto terapéutico que la Corte Suprema de Justicia, CSJ, se pronuncie ante un recurso de inconstitucionalidad interpuesto para que no sea declarado, ni penalizado el aborto terapéutico. Las partidarias del aborto terapéutico han realizado un plantón lleno de simbolismo ante la entrada a uno de los poderes del Estado como lo es el poder judicial. Las mujeres están con ataúdes, que es el símbolo de la muerte que ha afectado a muchas mujeres por no practicarse el aborto terapéutico.

La demanda de las mujeres ante la Corte Suprema de Justicia, CSJ, es para que se cumpla con los tiempos que la ley les da a los Magistrados para que se pronuncien con una resolución judicial en torno al Recurso de Inconstitucionalidad contra la ley 603 que eliminó pero dejo la penalización del Aborto terapéutico, una norma que tenía en el Código Penal más de un siglo de vigencia. La ley establece que los Magistrados deben de pronunciarse ante los recursos de inconstitucionalidad en 60 días que por lo general no se cumplen. La norma estaba en el capítulo V del Código Penal. En el artículo 165 que fue eliminado por los parlamentarios del Frente Sandinista, Liberales y otras tendencias se decía lo siguiente sobre el aborto terapéutico: El aborto terapéutico será determinado científicamente, con la intervención de tres facultativos por lo menos, y el consentimiento del cónyuge o pariente más cercano a la mujer, para los fines legales. 

Las mujeres opuestas a la penalización del aborto terapéutico llevaban pancartas en la cual sobresalían los nombres de mujeres que han muerto por no ser atendidas por los médicos, ni los centros hospitalarios ya que temen lo galenos que sean enjuiciados a penas de cárcel si atienden esos casos. 

Las mujeres que protestan ante la entrada de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, esperaban una resolución favorable ya que se cometió un error de parte de los partidos políticos quienes en plena campaña electoral en el 2006 votaron a favor de la penalización con la eliminación de la norma.

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