La Jornada
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ACTUALIZADO: 1 DE MARZO DE 2007
Embajada Española aclara que no hay condiciones en la ayuda a Nicaragua
Embajada de España en Managua manifiesta su sorpresa y disgusto por las informaciones publicadas
Por Raúl Arévalo

La embajada de España en Nicaragua, Centroamérica,  comunicó públicamente en dos términos en un mensaje público “sorpresa y disgusto” por unas opiniones  del presidente Daniel Ortega Saavedra  que fueron desmentida al mismo tiempo. La nota de prensa dice  que "España reafirma su permanente compromiso con el pueblo nicaragüense y manifiesta su total apoyo al proceso de desarrollo de Nicaragua y a las iniciativas de lucha contra la pobreza".

"España, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional, la cooperación descentralizada, las ONG y el trabajo de miles de cooperantes, lleva más de 20 años acompañando al Estado Nicaragüense en sus esfuerzos por combatir la pobreza y consolidar la institucionalidad democrática, sin que esta ayuda esté condicionada por ningún otro interés", dice el comunicado diplomático.

"La Embajada de España en Managua manifiesta su sorpresa y disgusto por las informaciones publicadas y niega de manera rotunda que, en ningún momento ni bajo supuesto alguno, se haya condicionado la ayuda solidaria de España al pueblo nicaragüense".

Ortega dijo que tratará de "buscar comunicación" con Rodríguez Zapatero tras criticar al embajador de España, Jaime Lacadena, y a Unión Fenosa. El diplomático español parece que quiere ligar la ayuda española  a la empresa transnacional que tiene un diferendo jurídico y de arbitraje con las autoridades nicaragüenses a la cual se acusa de incumplimiento de contrato en la distribución de energía. Nicaragua sufre diariamente largos y prolongados cortes de energía. Ortega dijo que Unión Fenosa se había ido a quejar ante el Banco Mundial por el diferendo jurídico.

El Presidente del ente regulador de la energía, INE,  David Castillo, afirmó que Unión Fenosa había hecho las gestiones con una agencia del Banco Mundial por  el cobro de 54 millones de dólares ante una eventual nacionalización de la comercialización de la energía eléctrica en el país.

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