El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Omar Cabezas Lacayo, solicitó a la población en general crear un movimiento comunal que se pronuncie a favor de la nacionalización de los servicios públicos de energía eléctrica y de telefonía fija, administrados por la española Unión Fenosa y la mexicana mixta Enitel-Claro.

Las razones de Cabezas se dan porque la Asamblea Nacional se encuentra haciendo modificaciones al Código Penal y reformó el artículo 237 el cual se podría condenar con penas de cárcel a todas  las personas que hagan fraude en los servicios de agua potable, luz eléctrica y telecomunicaciones, por encima de los tres mil córdobas. Según el Procurador Cabezas, estas reformas son inaplicables puesto que aumentará la deficiencia de las medianas, pequeñas y grandes empresas que operan en el país ya que los costos de producción se elevarán. En Nicaragua los costos  de la energía son los más caros de Centroamérica.

El Procurador Cabezas agregó que Costa Rica es un país ejemplo porque no ha tenido por “obligación añadirse al juego perverso de la privatización” que pone en riesgo el futuro económico del país. Condenó que la Corte Suprema de Justicia haya aceptado el incremento de 14.8 por ciento en los precios de la energía.  Concluyó diciendo que encarcelar a las personas que se conecten ilegalmente a una tubería de agua o al tendido eléctrico, es una “injusticia” que provocará múltiples infracciones en un país extremadamente pobre.