Las reformas aprobadas al Código Penal, por la Asamblea Nacional, también se acordó  penalizar a las empresas que presenten facturas de cobro que aparezcan alteradas sin  justificación alguna, y no sólo a los usuarios que cometan fraude, anunció el legislador que preside la Comisión de la Asamblea Nacional de  Justicia, José Palláis.

El artículo 282, también contempla penas por fraude si la facturación es alterada  de parte de las empresas de servicios públicos. ¿Qué significa? Que cualquier alteración fraudulenta de las facturas por las  empresas que prestan servicios públicos también será sancionada y con penas iguales a la del fraude del usuario, es decir que aquí estamos tiesos y parejos”, explicó. Palláis dijo que no habrá cárcel únicamente para aquellas personas que hurten los servicios básicos de agua potable, electricidad y telecomunicaciones, sino para los gerentes y representantes legales de las compañías que brindan estos servicios básicos, que alteren las facturas.

El líder sindical, Gustavo Porras Cortés, indicó que el Frente Nacional de los Trabajadores, FNT, no apoyará las reformas que perjudicarán a las personas que por necesidad se “cuelgan” ilegalmente de los cables eléctricos o pongan “tubos” en el agua potable, porque no pueden pagar. Sin embargo, Porras Cortés votó a favor de que se penalizara el fraude eléctrico lo cual podría generarle  pérdidas de votos dentro del sector salud.