A pesar de que varias organizaciones civiles aplazaron los primeros meses de gestión gubernamental del Presidente de la Republica, Daniel Ortega Saavedr , el Procurador para la Defensa de Derechos Humanos, Omar Cabezas Lacayo,  aprobó  el mandato del dignatario.

“La decisión del gobierno de crear un fondo para la reducción de la pobreza, ligado a la reducción de los mega salarios de todos los funcionarios del gobierno es un acierto en materia de Derechos Humanos” así lo señaló o Omar Cabezas Procurador de  los Derechos Humanos.
El Procurador de los Derechos humanos valoró  de positivo la implementación de acciones destinadas a mejorar las condiciones de vida de ciento setenta y cinco mil productores los  que recibirán el bono productivo dentro del programa HAMBRE CERO.

El ejecutivo expresó, que la distribución del Presupuesto General de la Republica en materia de la gratuidad en educación, y salud, muestra una tendencia de  priorizar los Derechos Humanos y los derechos económicos y sociales del pueblo nicaragüense.

El funcionario destacó que con la “operación milagro” aproximadamente cuatro mil  nicaragüenses de escasos recursos económicos  viajaron a Cuba para tratarse el problema de cataratas absolutamente gratis. Asimismo recordó que el gobierno no autorizó el incremento de los precios de los medicamentos que se comercializan en el país. “Notamos con mucho agrado la tendencia mostrada a abrir relaciones de amistad y cooperación con todos los pueblos y gobiernos del mundo, esta independencia y soberanía nos hace retornar el camino del no alineamiento y permite realizar acuerdos para el desarrollo en materia de educación, energía, salud, infraestructura con países como Libia, Irán, Venezuela, Estados Unidos entre otros países” apunto el Procurador.

Cabezas recomendó a la administración del gobierno de Ortega el fortalecimiento del programa hambre cero y apoyar las iniciativas en la Asamblea Nacional para reducir los megas salarios en todas las instituciones del Estado. Hizo un llamado al nuevo gobierno ofrecer a través de los consulados de la Cancillería de la Republica, la debida protección a los nicaragüenses residentes en el exterior ya que se encuentran abandonados.