Ayer la Contraloría General de la República (CGR), decidió establecer presunción de responsabilidad penal contra todos los ex –miembros  del  Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua (BCN) por el caso de la emisión de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis), en el año 2003.

Luis Ángel Montenegro, Presidente de la Contraloría, manifestó que la presunción de responsabilidad penal esta dirigida a los siguientes ciudadanos: Silvio Conrado, Ricardo Parrales, Gilberto Cuadra, Benjamín Lanzas, Mario Alonso y Eduardo Montealegre, líder del partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), quien también es Diputado y goza de inmunidad.

Por su parte,  el presidente de la ALN, Eduardo Montealegre Rivas,  manifestó por medio de un comunicado de prensa que no se arrepiente, ni se avergüenza de ninguna decisión que se tomó  de forma unánime en el Consejo Directivo por que según él “todo lo que se hizo fue estrictamente apegado a la ley”.

Montealegre también afirmó que “esta resolución lo que viene a evidenciar es que el pacto sigue gobernando en el país y acusó a los contralores hacerle el juego a Daniel Ortega porque saben que nosotros hemos venido liderando los esfuerzos para asegurarnos que se deroguen los CPC, para asegurarnos que se rompa el pacto, obviamente Daniel Ortega y Arnoldo Alemán no quieren la unidad, porque Daniel Ortega vio como con 52 votos en la Asamblea Nacional se revirtió el totalitarismo, revertimos los CPC”, dice el banquero.

La presunción de responsabilidad penal se da por haber causado un daño de “manera intencional” al Banco Central de Nicaragua y al Estado, por la cantidad de 111 millones 920 mil 289 dólares, derivados de la renegociación del pago de los Cenis.

Los Cenis, se emitieron luego de la quiebra de los bancos Banco Intercontinental (INTERBANK), Banco de Café (Bancafe) y el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (BANIC).

Esta resolución será introducida a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Fiscalía General de la República (FGR), para dar inicio al juicio en contra de los implicados. La presunción legal es la sanción más rigurosa que aplica la CGR.

Montealegre rechazó los señalamientos realizados por la CGR  y la calificó como “una resolución política con la que pretenden amedrentarlo e impedir el avance de la verdadera unidad de las fuerzas democráticas”.