El Congreso Nacional de Venezuela, evaluará un proyecto de ley que declara de utilidad pública la intermediación de gasolina, que ordenará a los mayoristas de combustible negociar en 60 días con el Estado un acuerdo para la nacionalización o expropiación de las empresas, dijo el diputado oficialista Ángel Rodríguez.

Los posibles afectados por la disposición ejecutiva son la inglesa British Petroleum, las estadounidenses Exxon Mobil y ChevronTexaco, y los grupos locales Llano Petrol y Trebol, dedicadas a comprar combustibles a la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y a venderlo a estaciones de gasolina.

El proyecto de ley establece que los grupos extranjeros y locales deberán vender a PDVSA los equipos de surtidores de gasolina, y que el abanderamiento de las 1.800 estaciones de combustible del país pasará a nombre de la corporación estatal.

Rodríguez, quien se desempeña como presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Asamblea Nacional, expresó en un comunicado que el Estado se reservará "por razones de conveniencia nacional" la actividad de intermediación para el suministro de combustibles líquidos.