Las 37 manzanas que componen la parte más alta del Cerro Mokorón, ubicado al sur de Managua, la Capital de Nicaragua en Centroamérica, por ley le pertenecen al Ejército de Nicaragua, dijo el vocero de la institución militar de Nicaragua, Adolfo Zepeda, quien afirmó que hay un decreto de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, en la cual les fueron transferidos los bienes que estuvieron en poder de la extinta Guardia Nacional de Somoza. Esto sucedió en el año 1979.
Diversas organizaciones ambientalistas solicitan que Cerro Mokorón, sea declarado parque nacional y evitar así la destrucción de la que está siendo objeto. Zepeda dijo que “Mokorón era una instalación que usaba la Guardia Nacional, por tanto esta instalación quedó bajo control del Ejército Sandinista en su momento”, afirmó el portavoz, tras señalar que de acuerdo a las leyes también pasó a ser parte del patrimonio del Instituto de Previsión Social Militar.
Un comité de lucha pro defensa de Mokorón y el Centro Humboldt recurrieron ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos Cenidh, por considerar que el Ejército les viola sus derechos sociales. Ante el Cenidh los denunciantes señalan que el Ejército ha tomado posesión de manera impropia del Cerro Mokorón que constituye un patrimonio del Estado de Nicaragua y un bien común de la ciudadanía Nicaragüense. Se considera que el lugar es un gran potencial de agua potable que sirve para abastecer el manto acuífero.
“Consecuentemente ha violentando nuestros derechos a disponer libremente de los recursos naturales, que constituyen un patrimonio colectivo, y, a su vez, de los bienes y servicios ambientales que provee el Cerro Mokorón”, alegaron los ambientalistas.
Por otra parte, Zepeda manifestó que esa institución ha descartado la posibilidad de realizar construcciones de cualquier tipo independientemente de las resoluciones del Concejo Municipal de Managua que también ordenó lo mismo.
Indicó que la iniciativa de construcción amigable con el medio ambiente planificada para el Mokorón, es un proyecto creado en el 2003, pero que había sido detenida, por lo que desconoce las causas del escándalo actual creado por los ambientalistas. Zepeda supone que los reclamantes “han sido llevados a un extremo por algunos intereses”.
