Nuevamente los funcionarios del poder judicial de Nicaragua dieron un “reinicio” a un paro escalonado para exigir la entrada en vigencia de la Ley de Carrera Judicial que mejoraría los servicios jurídicos del país.

Magistrados del Tribunal de Apelaciones, jueces y secretarios de actuaciones fueron los protagonistas de esta nueva huelga y advirtieron que si los magistrados que rigen la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no aprueban el reglamento de ley antes del próximo 11 de febrero, los funcionarios judiciales optarán por hacer la solicitud al mandatario nicaragüense, Daniel Ortega Saavedra.

El presidente de Nicaragua tiene la capacidad Constitucional de aprobar cualquier reglamento de ley para hacerla entrar en vigencia.

Napoleón Sánchez, representante de la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua (Ajumanic), reveló que Rafael Solís, vicepresidente de la CSJ, hizo un compromiso de publicar el nuevo reglamento para su entrada en vigencia antes del 11 de febrero.

La Ley de Carrera Judicial permitirá la elección de autoridades judiciales por capacidades de los funcionarios y no por afinidades políticas, además que su retraso imposibilita un apoyo de 19 millones de euros aprobados por la comunidad internacional donante.

El dirigente de Ajumanic descartó que el paro de labores de los funcionarios judiciales cause algún efecto negativo a la administración de justicia del país, porque los paros de labores se realizan durante las horas de la tarde y no durante la mañana.