El presidente de Costa Rica, Oscar Arias, dijo que en su país “con una velocidad sorprendente, la violencia pasó de ser condenada por la sociedad costarricense, a ser justificada como una vía legítima para protegernos, y finalmente a ser concebida como la única forma de procurar protección”.

Por tanto el jefe de estado, recordó que su nación presentó ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) un proyecto de comercio de armas ''que prohíbe a los países la transferencia de armas a estados, grupos o individuos si existe razón suficiente para creer que esas armas serán utilizadas para violar los derechos humanos o el derecho internacional'', aunque su aprobación todavía ni siquiera ha sido discutida.

Arias también afirmó que su gobierno ha establecido un sin número de acciones represivas, donde al mismo tiempo reconoció que “la mejor política de seguridad es una buena política social y económica” posterior manifestó que el país no puede “'enfrentar este desafío solo”.

Datos brindados por los organizadores del seminario '”Violencia por armas de fuego y desarrollo humano en Costa Rica” entre ellos el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), mencionan que cerca de unas 130,000 personas, dicen poseer una o más armas de fuego “por seguridad”.

Otras cifras indican que al día casi 16 ciudadanos matriculan un arma al departamento de Control de Armas y Explosivos.

Fernando Berrocal, Ministro Costarricense de Seguridad, afirmó que los controles para la tenencia y portación de armas “son débiles” y solicitó al Congreso aprobar una reforma a las leyes para portar armas.

Entre las propuestas de reformas a los reglamentos se encuentran establecer una edad mínima para la portación, un límite de armas a inscribir y regular los tipos de armas permitidas.