La Asamblea Nacional aprobó la Ley Antifraude eléctrico. La norma jurídica establece aplicación de sanciones para aquellos usuarios que consuman más de los 750 kilovatios que esta tipificado en el Código Penal.
Implica el pago de 3 salarios mínimos industriales por ese delito según lo aprobado por los parlamentarios. Fue eliminado el concepto de energía no registrada que aplicaba la transnacional Unión Fenosa para cobrar servicios no servidos de energía, dijo el Diputado del Frente Sandinista, José Figueroa al comentar el contenido de la ley aprobada por los parlamentarios. Dijo que También hay sanciones para Unión Fenosa ya que no podrá cobrar encima de las facturas; si cobran más de lo debido tendrán que devolver el doble del dinero cuando resulte un cobro indebido al usuario.
La empresa española deberá indemnizar a los usuarios cuando producto del mal servicio, resultaran personas lesionadas, muertas o con daños a la propiedad del cliente. Por daños la empresa energética deberá regresar cuatro veces el valor del daño, indica la ley dijo Figueroa. La norma aprobada se denomina Ley para la Distribución y el Uso Responsable del Servicio Público de Energía o Ley Antifraude, suprimió todas las acciones y sanciones penales en contra de los usuarios, cuya sustracción ilegal de energía les sea comprobada conforme con el procedimiento establecido en la nueva legislación.
No podrá Unión Fenosa retirar los medidores de los usuarios, también los pozos de agua de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, ENACAL, las empresas de servicios públicos no podrán ser objeto del corte de energía. Los medios de comunicación radiales se les aplicará una sanción pecuniaria especial si se les comprueba el fraude energético. Es una disposición especial aprobada en el contenido de la ley.
Por otro lado, el Diputado de la oposición del MRS, Victor Tinoco, dijo que la ley aprobada de Antifraude energético afectará a miles de ciudadanos pobres que se ven obligados a estar pegados en el tendido eléctrico.
También fue aprobada la Ley de transparencia en lo general que busca controlar las donaciones extranjeras a empresas donde el Estado tiene participación accionaria en calidad de empresas mixtas.
La ley fue considerada como suave por Tinoco al referirse al control de la cooperación petrolera venezolana ya que esos recursos no podrán ser incorporados en el presupuesto general de la República. Para Tinoco, el dictamen original que firmó establecía que la Asamblea Nacional se encargaría de nombrar a las autoridades de la empresa petrolera nicaragüense Petronic, como una forma de evitar que el gobierno, a través de las autoridades de Petronic, hiciera lo que quisiera con el dinero de la cooperación. Según Tinoco, esa disposición ya no está en el dictamen de la ley.
El Diputado liberal Francisco Aguirre Sacasa, por su parte, respondió que la ley puede no ser perfecta, pero que será mejor a que no exista una legislación de esta naturaleza. Recordó a Tinoco que la ley va más allá de Petronic, pues incluye a otras instituciones gubernamentales como el mismo Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, el cual ha sido utilizado como “caja chica” de gobiernos anteriores, y como banco de préstamo por el actual gobierno.
