Una demanda millonaria contra el grupo de España Barceló fue presentada por el Procurador General de la República, Hernán Estrada, el día de ayer.
La demanda judicial fue llevada ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a inversiones por sus siglas CIADI.
El centro turístico ‘Barceló Montelimar Beach’ compró una propiedad costera de 300 manzanas situado a 60 kilómetros de la Managua, capital de Nicaragua en Centroamérica, en el Pacífico. El lugar era propiedad de la familia Somoza depuesta por la revolución popular sandinista el 19 de julio de 1979. Durante la primera etapa del Gobierno del Presidente Daniel Ortega, la propiedad era de la conocida “Área Propiedad del Pueblo (APP)”. Fue impulsada su construcción por el Ministro de Turismo de ese tiempo, Herty Lewites Rodríguez (q.e.p.d.) quien después se convirtió en un ovopositor al partido gobernante Frente Sandinista (FSLN).
La propiedad donde está asentado el centro turístico Montelimar fue adquirida durante el período de privatización de los bienes estatales en la época de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1996).
El Procurador Hernán Estrada, dijo que los inversionistas españoles de Barceló se hicieron de la posesión de la propiedad en una suma de 30 mil dólares en el año 1993 y no cancelaron diez cuotas que adeudaban por la compra de Montelimar.
Estrada afirma que en los libros contables del Estado hay un saldo a favor de un millón cuatrocientos 50 mil dólares haciendo una sumatoria desde 1993. Expresó que en Nicaragua sin perjuicios de sus derechos contractuales establece que puede dejar sin efecto si el grupo inversionista español se niega a cumplir una de las 14 cláusulas que hay en el documento.
El abogado del estado afirmó que la demanda dirigida contra Barceló Montelimar asciende a 30 millones de dólares. Estrada dijo que el Gobierno pretende recuperar el sector de Montelimar.
Funcionarios del Gobierno de Ortega han expresado que Gobiernos anteriores, desde 1990, mostraron su temor de cobrar lo adeudado a Barceló y aclararon que no se trata de ninguna medida judicial contra los inversionistas extranjeros.
