Más de 600 mil personas con discapacidad ya cuentan con un marco jurídico para hacer valer sus derechos, manifestó Rosa Salgado, Procuradora Especial de Derechos Humanos, que dijo que en el mes de mayo de este año entró en vigencia el Convenio Internacional que firmó Nicaragua.

La Procuradora dijo que están demandando al Gobierno que ratifique el protocolo facultativo, para que las disposiciones que están dentro del marco jurídico tengan mayor efectividad tanto a lo interno de Nicaragua como en el exterior del país.

El convenio trata de manera integral diversos obstáculos que las personas con discapacidad enfrentan, entre los que están la discriminación, que se les niegue el derecho al voto, así como los sociales y económicos como la discriminación en los empleos y un nivel de vida inapropiado.

Los países que ratifiquen este convenio están obligados a garantizar un reconocimiento igual ante la ley, incluso el derecho a poseer y heredar bienes, tener control de asuntos financieros y el acceso a préstamos bancarios, créditos e hipotecas. Establecer leyes y medidas administrativas que garanticen que estén libres de explotación, violencia y abuso, dijo la Procuradora.