La Comisión de Economía, Producción y Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó después de 4 horas de debates, un anteproyecto para controlar los recursos y gastos de las instituciones del Estado. La ley tiene el propósito de hacer transparentes todos los gastos e inversiones de las instituciones estatales. Se trata de La Ley de Transparencia para las entidades y empresas del Estado.

La próxima semana será discutido en plenario el anteproyecto de ley luego que la Comisión lo pasara a la Secretaría de la Asamblea Nacional.

El Presidente de la Comisión de Economía, Producción y Presupuesto de la Asamblea Nacional , Dr. Francisco Aguirre Sacasa , dejo claro que la ley busca saber en qué se está invirtiendo el dinero proveniente de la ayuda venezolana que se traduce en la entrega de Petróleo a Nicaragua.

También para saber en qué se están  invirtiendo los recursos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, que según se supo fueron destinados a una empresa constructora privada, Tecnosa, para la construcción de viviendas en una zona urbana de Managua que fue afectada por el terremoto del mes de Diciembre del año 1972.

El Diputado del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Francisco Aguirre Sacasa, afirmó que el INSS deberá de sincerarse en el gasto de los recursos en el proyecto El Pueblo Presidente.  También la Contraloría deberá fiscalizar los recursos y las investigaciones pertinentes. Además de una auditoria externa  que tiene que ser publicado en la página electrónica de las instituciones cuestionadas.

Los recursos de Petronic, según la ley, deberán ser auditados y publicados, según Aguirre Sacasa, sobre lo que hace y el uso de la ayuda de Venezuela a Nicaragua.

Los recursos de las entidades del Estado tienen que ser sometidos a una auditoría externa y compartidos con la Contraloría. La información deberá ser publicada cada año en los medios de comunicación impresos y en medios electrónicos por Internet.

La ley entraría en vigencia este año y los recursos financieros que manejan deben de ser aplicados por auditores externos. Se contempla en la ley que las instituciones del Estado que se nieguen a brindar información serán sancionadas, según el anteproyecto de ley.