La alta Comisionada de la ONU par los Derechos Humanos, Louise Arbour, estimo que las medidas para hacer frente a la crisis alimentaria mundial no deben de interpretarse como “acto de caridad, sino como una obligación”.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) realizó un llamado a los países para que den contribuciones suplementarias de 755 millones de dólares (aproximadamente 487 millones de euros).

Arbour aseguró que "estas medidas, de carácter esencialmente humanitario, no deben ser consideradas como un acto de caridad, sino como una obligación", "en este contexto, es crucial que la distribución de alimentación se haga de manera no discriminatoria y en función de las necesidades de las diferentes comunidades" sostuvo.

"Cuando hablamos de los necesitados, no debemos incluir sólo a los más pobres, sino también a los más vulnerables frente a otras formas de discriminación como el sexo, la pertenencia étnica o las minusvalías", declaró la Alta Comisionada.

Ban Ki-moon, secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), anunció la constitución de un grupo de trabajo para estudiar las soluciones y paliar la crisis alimentaria, priorizando "alimentar a los niños".

Para Arbour este problema podría poner en peligro derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho de reunión.