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Ortega no acepta a observadores electorales  
POR JUAN JOSÉ ARÉVALO Texto más grande Texto más pequeño Texto más grande
ACTUALIZADO 23 DE OCTUBRE DE 2008

Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra. (FOTO ARCHIVO)

Hace fuertes críticas a la OEA

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra,  vuelve a rechazar que hayan observadores independientes durante los comicios municipales de noviembre, expresando  que "están financiados por fuerzas externas" y no son imparciales. Eso los “descalifica” para realizar esa función, dijo.  

Para el presidente Ortega Saavedra la observación "la hacen de la mejor forma los fiscales de las agrupaciones políticas" que participan en  la contienda electoral, de los cuales dijo que éstos "han jugado un papel serio" en defender el voto de sus respectivos partidos.

El punto de vista oficial del mandatario Daniel Ortega Saavedra fue dado a conocer  en la inauguración de la  XXII Conferencia de Organismos Electorales de Centroamérica y el Caribe, que sesiona desde ayer y finaliza hoy  en Managua.

Ortega fue enfático en cuestionar la  presencia de observadores internacionales de los que dijo deben ser de organismos no comprometidos con ninguna fuerza política ni sujetos  a las políticas de Estados Unidos.

El Consejo Supremo Electoral (CSE), a 20 días de la votación, no ha otorgado la autorización para la realización de labor de vigilancia a observadores nacionales e internacionales, que se acostumbra   desde los comicios de 1984.

El único organismo acreditado por el CSE es el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, integrado por ex magistrados de las instituciones electorales del hemisferio, pero que no son aceptados por la oposición ya que consideran  que guardan la misma línea política del gobierno.

Según Ortega hay “amplias libertades”

Ortega provechó el evento para afirmar además que en Nicaragua existen "las más amplias libertades" y  negó las afirmaciones de sus opositores que le califican de tener intenciones para  instaurar una dictadura.

El Presidente Daniel Ortega Saavedra se defendió afirmando que en  Nicaragua "no hay una dictadura", la libertad de expresión no tiene límites, se puede decir y escribir cualquier cosa, no hay un solo prisionero o perseguido político, precisó el mandatario ante la XXII Conferencia de Organismos Electorales de Centroamérica y el Caribe que sesiona en Managua.

Según Ortega en el país "existen las más amplias libertades y lo pueden verificar todos los observadores que quieran venir a Nicaragua".

Se ha querido hacer un escándalo por pedir cuentas a siete Organismos no Gubernamentales (ONG) de un total de 4.200 a los que no se les ha suspendido sus actividades ni aplicado sanciones, pero recurren a la Organización de Estados Americanos (OEA) que "muy solícita corre a hacerse eco de mentiras", señaló  Ortega.

Las declaraciones del presidente nicaragüense se dan a raíz de que el sacerdote y poeta Ernesto Cardenal, Premio Casa de las Américas de Cuba, se declaró en México un "perseguido político" de su gobierno.

Cardenal se negó a pagar una multa de 1.025 dólares impuesta por un tribunal de justicia por injurias y calumnias a un empresario alemán con quien tiene un litigio de propiedad y por el que ya había sido exonerado hace tres años, según el escritor.

El Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) una de las organizaciones objeto de investigación por parte de la Fiscalía, atribuye la supuesta persecución del gobierno a represalias por haber apoyado a la hijastra de Ortega, Zoilamérica Narváez quien, en 1998, lo denunció de supuestos abusos sexuales durante 19 años.

Las feministas también consideran que no es del agrado del gobierno su reclamo por la restitución del aborto terapéutico que fue eliminado del Código Penal con el apoyo de diputados sandinistas por supuestas conveniencias políticas del mandatario.

El dirigente sandinista apoyó la prohibición del aborto cuyos objetivos estaban dirigidos a lograr  el apoyo de la iglesia católica y evangélica para  su campaña electoral de 2006, que lo hizo retomar el  poder en Nicaragua a través de las reglas del juego electoral y constitucional. 

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