Manifestantes opuestos al funcionamiento de una mina de oro en la frontera norte de Costa Rica en el lugar conocido como Las Crucitas. La explotación minera había sido autorizada por el Presidente costarricense Oscar Arias Sánchez. Las personas se concentraron ayer ante la sede del Congreso ya que si sigue operando implicaría la destrucción de muchos árboles que son protegidos por las leyes ambientales.

Los manifestantes son ambientalistas, estudiantes, políticos y habitantes que viven en las cercanías del lugar donde funcionará la Mina a cielo abierto Las Crucitas que esta a cargo de la subsidiaria canadiense Infinito Gold conocida antes como Vannessa Ventures  ubicada a 170 kilómetros de San José, la Capital de Costa Rica en Centroamérica. 

Los manifestantes presionan para que sea anulado  un decreto firmado por Arias que declaró de  "de interés nacional" la iniciativa minera, por el cual la Fiscalía abrió contra el presidente una investigación por prevaricato, delito que se tipifica porque se dictó  una resolución opuesta a la ley o basada en hechos falsos.

La irregularidad supuestamente la cometió porque el proyecto minero contempla talar 168 almendros amarillos, árboles protegidos por las normas costarricenses por tratarse del único hábitat de la lapa verde (Ara ambiguus) una ave, del mismo género que las guacamayas, que está en peligro de la extinción.

La presidenta de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, Heidi Murillo, dijo en una de las manifestaciones que "la minería ha demostrado ser una actividad muy destructiva. Ni aquí, ni en Centroamérica existe un proyecto exitoso. La mina Bellavista fue un completo fracaso y nadie ha salido a dar explicaciones".

La ambientalista  hablaba de otra mina propiedad de Metales Procesados, subsidiaria de la canadiense Glencairn, que anunció en julio del 2007 la suspensión de los trabajos a causa de grandes deslizamientos en la propiedad. La compañía planeaba operar por ocho años la mina, pero debió suspender a los dos años de transcurridos.

"Aparte del desastre natural, la minería además consume muchísima agua", afirmó Murillo.

Con pancartas y música, cientos de ecologistas se apostaron frente al ministerio pidiendo la renuncia de Arias y exigiendo el "alto a la guerra contra la naturaleza", pero el Ministro de  la cartera, Roberto Dobles, no estaba en el edificio, pues debía explicar ante el Congreso el decreto que autorizó la mina, el cual ha defendido afirmando que se basó en numerosos estudios técnicos.

Arias justificó la semana pasada la firma del documento al decir que lo hizo aconsejado por los asesores legales de varias dependencias de la cartera dirigida por Dobles.

Una primera concesión en Las Crucitas se otorgó en 2002. Con la nueva licencia, la empresa canadiense planea invertir 68 millones de dólares en el proyecto, de los cuales dice haber desembolsado ya 15 millones en la preparación para abrir la mina en octubre del 2009.

Las operaciones de Industrias Infinito, la subsidiaria local de la empresa canadiense, fueron detenidas  por resolución judicial mientras se dilucida la constitucionalidad del decreto que autorizó la mina.

En pleno desarrollo de la manifestación contra la mina apareció un grupo de unas 60 personas que mostraron pancartas a favor del proyecto, como una en la que se leía: "paz con la naturaleza pero con el progreso también".

Carlos Vega, uno de los manifestantes a favor de la mina, recordó la pobreza prevaleciente en la frontera con Nicaragua, en donde se encuentra la mina, por lo cual consideró necesario "desmentir (a los ambientalistas) porque es un proyecto que beneficiará una comunidad muy pobre".

No se supo de ningún acto de violencia de los grupos a favor y en contra de las inversiones mineras a pesar de la presencia policial que actuó de forma preventiva para evitar choques violentos.