El Gobierno de Evo Morales dijo ayer que hará  "todos los esfuerzos necesarios" para llegar a acuerdos con los prefectos (gobernadores) opositores, pero deploró  su "falta de predisposición e interés" para concretar acuerdos en la negociación que se sigue para pacificar Bolivia.

El proceso de diálogo abierto en la ciudad de Cochabamba (centro) entre Gobierno y oposición entró ayer a su cuarta jornada sin que se haya logrado acuerdos firmes en  los principales temas que enfrentan a ambas partes, aunque las comisiones temáticas sobre estos asuntos siguen trabajando.

El presidente Morales presentó a los prefectos un nuevo plan  de acuerdo para que el Congreso Nacional haga la aprobación el próximo 1 de octubre para  la convocatoria del referéndum  para corroborar  la nueva Constitución de Bolivia.

Según dijo esta madrugada el portavoz de Morales, Iván Canelas, este acuerdo incluiría las "modificaciones necesarias" para hacer viable el régimen autonómico que defienden las regiones de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca.

Pero Canelas deploró  "una vez más, la falta de predisposición e interés de los prefectos" que, a su juicio, "no están respondiendo a los esfuerzos que está haciendo el Gobierno y el presidente de la República por pacificar el país y mantener la unidad nacional".

Prácticamente,  los prefectos anunciaron que no están de acuerdo con poner fecha tan inmediata a la aprobación de la convocatoria del referéndum  constitucional y defendieron el plazo de un mes para desarrollar las negociaciones, que quedó establecido en el preacuerdo que dio paso a la apertura de la mesa de negociación.

Así lo dijo hoy, en representación de sus colegas autonomistas, el prefecto de Tarija, Marío Cossío, quien apostó por dar "oxígeno" a un diálogo que, dijo, acaba de comenzar dentro de un proceso para "construir confianzas y soluciones".

Además, la propuesta de Morales para aprobar dentro de unos días la convocatoria del referendo supone, a juicio de Cossío, aceptar "a ciegas" el texto constitucional que promueve el gobierno y  que es uno de los principales puntos de conflicto entre Gobierno y oposición.

La compatibilización de las autonomías que reivindican los prefectos opositores con la nueva constitución de Bolivia es uno de los temas centrales de la mesa de diálogo de Cochabamba.

El otro asunto básico  es la distribución territorial de las rentas petroleras que proceden del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Sobre este asunto sí se ha producido un primer acuerdo, en la comisión técnica que lo trabaja, para garantizar el pago de la llamada Renta Dignidad (una ayuda directa a los ancianos) con fondos procedentes del IDH.

Precisamente, fue el recorte de los ingresos del IDH a las regiones para universalizar esta especie de "pensión de vejez" lo que agudizó el enfrentamiento entre Morales y los prefectos "rebeldes" y lo que originó la conflictividad que ha vivido Bolivia en las últimas semanas.

El acuerdo técnico alcanzado en este tema consiste en garantizar el pago de la Renta Dignidad con el IDH y devolver el ingreso sobrante a las Prefecturas.