Ante nuevas modalidades delictivas

El Presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, Diputado liberal Constitucionalista, José Pallais Arana, planteó la necesidad de que ese poder del Estado apruebe una nueva ley del crimen organizado. El planteamiento lo hizo ante periodistas nacionales que asistieron a su exposición realizada por la fundación Konrad Adenauer de Alemania.

“Hay que reconocer que el crimen y el narcotráfico organizado están en el país como sucedió con el cártel de Sinaloá. Están usando como puente de tránsito a Nicaragua”, sostuvo el legislador.

Los delincuentes buscan debilitar a las instituciones como el sistema judicial y recordó Pallais Arana lo sucedido con delincuentes que fueron liberados por algunos jueces que usan la combinación de varias leyes y Códigos cuando lo correcto es que se debe de usar una de las leyes en esos casos, sostuvo.

Reconoció que el crimen organizado es diferente al de la delincuencia común porque actúa transnacionalmente, se traslada por regiones enteras lo cual implica que se necesita de una política y norma jurídica nueva, afirmó.

Señaló que para combatir al crimen organizado se necesita darle forma legal, por ejemplo a las actuaciones de los agentes encubiertos que se infiltran en las organizaciones delictivas para que no sean juzgados lo cual crea una nueva figura jurídica, dijo.

Señaló varias de las iniciativas legales que se requiere que sean incorporadas en el anteproyecto de ley que se pretende aprobar, entre las cuales están la de la escucha telefónica, que es una herramienta importante para el seguimiento del crimen organizado que está contemplado en la Convención de Palermo donde hay una lista de los delitos en que incurre el crimen organizado, sostuvo el parlamentario Pallais Arana.

Expresó que los legisladores tienen previsto crear en la nueva ley que haya un equilibrio en dos principios básicos, como la libertad y la seguridad en la lucha contra el crimen organizado que no vayan a violentar los Derechos Humanos, razón por la cual los ciudadanos se hacen también la siguiente pregunta: ¿quién nos protege a nosotros de los protectores? De tal forma que se debe de estar realizando una supervisión permanente judicial y aplicarlo de manera estricta, dijo Pallais Arana.

En el Código de Procedimiento Penal (CPP), si bien es cierto que hay una unidad administradora de bienes incautados, hay una contradicción en las autoridades porque no existe una ley específica acerca de quién es el que debería de administrar esos bienes incautados a los narcotraficantes. Sugirió el parlamentario que al Poder judicial no lo faculta ninguna ley para que determine quienes instancias serán las que van a manejar los bienes que se incauta al crimen organizado. De tal forma, que cuando el judicial dicta sentencia señala una distribución porcentual del 20 por ciento entre el poder judicial, la policía, el Ministerio Público, los Organismos no gubernamentales que tratan de los casos de los drogo dependientes, Sin embargo, dijo Pallais Arana, es evidente que actualmente no hay una caja única que recibirá los bienes y recursos incautados lo cual se hace necesario que se elabore una normativa, sostuvo.

En los predios de la policía existen 600 vehículos en todo el país que están pudriéndose y abandonados porque no hay una ley para saber dirigir el uso de qué dependencia estatal debe de usarlo, dijo.

Es importante señalar que actualmente a la Policía y el Ejército se le ven haciendo actividades conjuntas de seguridad y vigilancia pero que tiene que haber una ley que revise el rol del mismo ejército cuando son capturados elementos ligados al crimen organizado ya que es la policía la que debe de asumir las funciones para la cual fueron designados conforme a la ley, dijo el Diputado José Pallais Arana.