La Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Doctora Ligia Molina, espera que la divulgación y consulta de la reforma al Código Procesal Civil mejore las condiciones para la población. (FOTO JUAN ARÉVALO)
Crisis económica no afecta el análisis al Código no es “oneroso” para el poder judicial
El anteproyecto de reforma al Código de Procedimiento Civil sigue avanzando y se estima que para mayo o junio se presente ante la Asamblea Nacional (AN), el documento para que inicie su adecuado proceso de aprobación por parte de los legisladores.
La información la brindó la Magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Dra. Ligia Molina, quien además mencionó que el anteproyecto de ley esta a punto de concluir la etapa de divulgación y consulta entre los expertos en temas jurídicos.
“De la segunda fase de divulgación y consulta únicamente están pendientes de llevarse a cabo cinco seminarios”, afirmó la magistrada Molina.
El martes de esta semana comenzó un seminario de tres días en el departamento de León, para posteriormente trasladarse a la Costa Atlántica, donde se estima asista una cantidad importante de abogados de cada una de las dos circunscripciones jurisdiccionales (Puerto Cabezas y Bluefields), dijo la judicial.
En la capital se impartirán en marzo dos seminarios donde estarán jueces, magistrados laborales y los secretarios de actuaciones del tribunal de actuaciones, y no se trata de capacitación, sino de aportación al proyecto, indicó la Dra. Molina.
La Policía Nacional y Red de Mujeres
Por otro lado la Doctora Molina, quien coordina la comisión técnica redactora del anteproyecto, dijo que la primera Comisionada de la Policía Nacional, Aminta Granera, le ha solicitado un seminario para los asesores de la Policía Nacional y el organismo civil Red de Mujeres también solicitó otro.
Una vez concluido los seminarios, lo normal sería presentarlo en Corte Plena de la CSJ, pero Molina, considera presentarlo mejor a la Asamblea Nacional para explicarle a los legisladores los fines y objetivos de está ley.
Ante la crisis económica que afronta el poder judicial, ésta “no ha afectado en nada porque el proyecto no es oneroso para la CSJ, el proyecto es financiado por la Agencia Internacional Española “, finalizó Molina.
