- Según el procurador el Minsa sólo compra medicinas a empresarios nicaragüenses
- En otro tema, aclara situación sobre las discotecas

El Procurador de los Derechos Humanos, Omar Cabezas Lacayo, solicitó una reforma a la Ley de Contrataciones del Estado (LCE), ley 323, para que el Ministerio de Salud (Minsa) compre medicamentos a otros países y no únicamente a empresarios nicaragüenses.

La LCE tiene por objeto regular las normas generales y los procedimientos que regulen la adquisición, arrendamiento de bienes, construcción de obras, consultoría y contratación de servicios de cualquier naturaleza que efectúen los organismos o entidades del Sector Público.

Para Cabezas, los dueños de estas empresas importadoras “se despacharon con la cuchara grande” y aprecia que seguir así es una “monstruosidad” en tiempos de crisis.

“Estoy demandando al diputado y presidente de la Comisión de salud Gustavo Porras a que introduzca una reforma”, destacó el procurador.

“Lo que hace el ministerio de salud pública, para el abastecimiento de los hospitales, para el abastecimiento de las farmacias populares de salud pública no debe de ser así”, dijo Cabezas al referirse que el Minsa sólo compra medicinas a las grandes empresas importadoras de medicamentos.

Cabezas presentará una carta a la Asamblea Nacional para solicitar una reforma a la ley de contrataciones del Estado.

Algunos empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) han manifestado su interés porque sea reformada dicha ley porque permitiría el mejor desarrollo de la economía nacional porque las reglas del juego estarían más claras.

Cabezas aclara problema sobre discotecas

El procurador de los derechos humanos aclaró que no sólo la discoteca El Chaman discrimina a personas de raza negra, sino que en varios centros de bailes e incluso el aeropuerto internacional.

“No sé porque (los diarios) se están centrando en el Chamán, porque yo dije Hippa Hippa, Brother y también Moods”, declaró en conferencia de prensa el procurador.

El lunes se presentó ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, un grupo de personas encabezado por la diputada del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Brigette Budier, para denunciar supuestas “discriminaciones” que sufren en las distintas discotecas, por su “color de piel”.

En diarios nacionales se destacó que el centro de baile El Chaman, no permitían el ingreso a personas de aspecto afroamericano.

Por su parte el Alcalde de Managua, Alexis Argüello, señaló que ante las denuncias en contra de las discotecas “hay que investigarlas”, para luego conocer las medidas que se les aplicará.

Cabezas solicita el cierre durante seis meses a los centros nocturnos, como sanción ante el racismo que producen y además pedir disculpas públicas por sus actuaciones.

Sin embargo, los empresarios de los centros de distracción mantienen su posición de “reservarse el derecho de admisión” y por consiguiente consideran que las acusaciones son una “confusión”.