- A favor de trabajadores
- Fueron excluidos del proceso de privatización del 25 por ciento desde hace 16 años

El Gobierno decidió incluir e indemnizar a 4 mil 094 cañeros que fueron excluidos del proceso de privatización del Ingenio Javier Guerra Báez para que tomen posesión de un mil 200 manzanas. Los trabajadores de la caña de azúcar venían solicitando al Estado de Nicaragua el pago desde hace 16 años cuando se dio el proceso de privatización.

El Procurador General de la República, Hernán Estrada Santamaria, firmó por el Estado la entrega de la propiedad a diez representantes de los cañeros. Calificó el acto jurídico diciendo que “Se lo estamos dando a los que verdaderamente son los dueños, a los que debió habérseles entregado en los años anteriores”, afirmó el Abogado del Gobierno.

Los trabajadores de la caña se quejaron que en todos los años transcurridos fueron excluidos del proceso de privatización en la década de los 90 luego que se creo una sociedad anónima denominada Fondoazúcar encargada de realizar la opción de compra de los bienes y activos del Ingenio Javier Guerra Báez. El nuevo Gobierno quien asumió en el 2007, se llevó dos años y medio en las negociaciones. Los cañeros fueron apoyados por el Procurador de Derechos Humanos, Omar Cabezas Lacayo. Los 4 mil trabajadores por el Estado serán los nuevos administradores de los activos de la Corporación Nicaragüense de la Agroindustria Azucarera, CONAZUCAR, quien arrienda a la sociedad Compañía Azucarera del Sur Sociedad Anónima, CASUR.

En su demanda por su indemnización los ex cañeros acudieron a la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos, en busca de acompañamiento en una demanda contra el Estado de Nicaragua. Estuvo presente en la firma de los acuerdos el procurador Omar Cabezas Lacayo.

Estrada dijo que ya han informado a esa sociedad de quiénes son los nuevos dueños. Lo que significa que en el próximo ciclo agrícola los beneficiados ya podrán recibir lo concerniente al arriendo de la propiedad, dijo Estrada.

Según el acuerdo firmado ayer, el pasivo a favor de cada uno de los más de cuatro mil cañeros debió haber sido de unos tres mil dólares, “monto que el Estado en las actuales circunstancias no está en condiciones de erogar financieramente, razón por la cual los beneficiarios aceptan modalidades alternativas de reconocimiento al daño causado”. Los cañeros recibirán de parte del Gobierno de Nicaragua 3 mil dólares cada uno pero como el Estado en la actual situación económica no tiene capacidades financieras, los pagará a través de los programas sociales que impulsa a través de las Casas Para el Pueblo, bonos productivos y de indemnización, sostuvo el Procurador Estrada.