El organismo internacional dice en su informe que solicitará a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua, para que resuelva acerca de "la legalidad y la constitucionalidad" de una ley que prohíbe totalmente el aborto. (FOTO/ARTE)
Expresa que se incrementaron muertes maternas por obstáculos de la ley a esa práctica médica
La Secretaria General Adjunta de Amnistía Internacional (AI) dijo ayer desde México, luego de su visita a Nicaragua, que la mortalidad materna se ha incrementado en el país centroamericano, cuyas cifras no coinciden con las que oficialmente da a conocer el gobierno del Presidente Daniel Ortega Saavedra y cuya administración aplica la legislación aprobada en el año 2006 por todos los partidos políticos en la Asamblea Nacional, relativa al aborto terapéutico. La norma que prohíbe esa práctica médica fue aprobada a pocos días de la realización de las elecciones generales y en la que los partidos políticos temían perder su influencia ante un electorado fundamentalmente católico y decisivo en la escogencia del nuevo presidente.
Amnistía Internacional dice en su investigación realizada en el país centroamericano que en el transcurso del año 2009 fallecieron por dificultades en sus embarazos 33 mujeres y niñas. En el 2008 se registraron 20 casos. El Ministerio de Salud, MINSA, señaló que la mortalidad materna fue reducida solamente en un 58 por ciento cifra que se contradicen por los presentados por AI.
El organismo internacional dice en su informe que solicitará a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua, para que resuelva acerca de "la legalidad y la constitucionalidad" de una ley que prohíbe totalmente el aborto, en los casos incluso en que la salud de la madre y el feto corren peligro.
La Secretaria General adjunta de Amnistía Internacional (AI), Kate Gilmore, presentó esa información en México en la que critica al gobierno de Nicaragua y anunció el lanzamiento de una campaña a nivel mundial que termine anulando la ley penal sobre el aborto terapéutico aprobada en el 2006.
La semana pasada la alta funcionaria de AI estuvo en Nicaragua donde se entrevistó con el ministro de Salud, Guillermo González, y con mujeres lesionadas por la actual legislación, pero no pudo entrevistarse con el Presidente Ortega.
Gilmore tampoco logró entrevistarse con los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, pero consideró indispensable acudir al poder judicial de tal forma que "que los órganos de la ONU ya se han declarado sobre el carácter ilegal de esta ley".
Gilmore afirmó que el tema es para AI una cuestión "de urgencia extrema", ya que las muertes maternas se han incrementado en Nicaragua . La ley presenta muchas limitaciones por la penalización del aborto terapéutico.
La ley fue aprobada el 26 de octubre de 2006 y en vigor desde 2008, "está poniendo en peligro" las vidas de niñas y mujeres "negándoles tratamiento para salvar sus vidas", lo que aumenta las muertes maternas en el país, señaló Gilmore.
La ley señala penas de prisión para las mujeres que pretendan interrumpir la gestación y para los médicos y otros profesionales de salud que presten servicios asociados con el aborto.
A diferencia de lo que sucede en otros países, esta normativa penaliza el aborto terapéutico, aquel que busca salvar a la madre cuando su vida, su salud física o mental, corren peligro, o que pretende evitar el nacimiento de niños con enfermedades congénitas.
La activista de Amnistía Internacional dijo que la ley es "ilegal, imposible de ejecutar, irracional, discriminatoria, cruel, inhumana y degradante".
Expresó que el organismo Amnistía Internacional, AI, esta reclamando la derogación de cuatro artículos del actual Código Penal nicaragüense (143, 145, 148 y 149) ya que se considera "una legislación retrógrada".
La activista dijo que hay presiones de grupos religiosos y "una intención deliberada de actuar sin compasión, cruelmente", en relación con las mujeres y niñas víctimas de incesto y violación y obligadas a tener hijos.
Manifestó que antes de aprobar la ley de prohibición del aborto terapéutico de parte de los diputados se les había advertido que entraba en contradicción con las obligaciones de Nicaragua con la ONU y el sistema interamericano de derechos y con protocolos como el de atención de complicaciones obstétricas de Nicaragua.
"Una vez esta ley fue adoptada, las defensoras y defensores de derechos humanos han estado con valentía recordándole al gobierno de la naturaleza ilegal e inhumana de esta ley", agregó Gilmore, quien estaba acompañada de juristas de Nicaragua.
Expresó que la actual norma penal de Nicaragua en la que se prohíbe el aborto terapéutico forma parte del 3% de los países del mundo que mantienen una prohibición total al aborto, afirmó Gilmore.
