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ACTUALIZADo 11 dE JUNIo de 2009

Denuncian a Walter Porras DGI de violentar derechos laborales
por Greta Arévalo
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Dirección General de Ingresos, DGI, Walter Porras Amador. (FOTO ARCHIVO)

Señalan que 400 trabajadores despedidos no recibieron cancelación de sus prestaciones laborales y sociales desde hace un año

400 trabajadores de la Dirección General de Ingresos, DGI, demandan a su Director, Walter Porras Amador, quien no les quiere cancelar sus prestaciones laborales y sociales desde hace un año que fueron despedidos de ese ente estatal sujeto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La Federación Democrática de Servidores Públicos señalan que el Director de Ingresos, Walter Porras Amador, les aplicó la ley de carrera administrativa en su artículo 102, que manda a reestructurar la DGI que consiste en despedir a empleados pero que son sustituidos por el resto que se encargan de realizar las funciones y responsabilidades de los despedidos. Todo eso resultó falso porque en vez de reducir se han multiplicado los empleados en la DGI, dijo el señor William Somarriba, uno de los despedidos por Porras hace un año.

Un total de 10 mil trabajadores del estado están a la espera de que se les cancele sus prestaciones laborales. En la DGI se formó una comisión para que les sean canceladas sus prestaciones, dijo Marcos Carmona, Presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, quien expresó que hay presiones en el seno de la DGI e inestabilidad y si no se afilian al Partido sandinista podrían ser despedidos.

El Doctor Álvaro Leiva, Abogado defensor de los derechos laborales de los trabajadores de la DGI despedidos, dijo que recurrieron a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, a denunciar las arbitrariedades de Porras.

Por otro lado, el señor William Somarriba, hizo un llamado a los ex- trabajadores de la DGI para que recurran a la CPDH a reclamar sus derechos laborales. El Presidente de la CPDH, Marcos Carmona, dijo que a todos los trabajadores de Ingresos les quitan de sus salarios una cuota del 10 por ciento que va para el Partido sandinista y no les entregan ningún recibo, ni comprobante de pago que confirme si ese dinero fue entregado a la Tesorería del FSLN.

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