¿Juicio político o juicio penal?

Ayer se suspendió la audiencia inicial en el caso de los Certificados Negociables de Inversión, CENI¨S a pocos minutos de haberse abierto el juicio y en ese breve tiempo, fue cerrado por el Juez Quinto de Distrito Penal de Audiencia, Dr. Julio César Arias. El Inspector General de la Fiscalía, Dr. Armando Juárez, hizo una solicitud en la cual señalaba, que se debía suspender el proceso judicial y sus inicios, porque los Diputados Eduardo Montealegre Rivas y Noel Ramírez Sánchez tienen la condición de inmunidad. Ambos pertenecen a la Asamblea Nacional y al Parlamento Centroamericano, PARLACEN.

Un total de 39 personalidades políticas ligadas a la emisión de los Certificados negociables de inversión, que supuestamente afectó por 600 millones de dólares al Estado luego de la quiebras de 6 bancos en el 2001, llegaron al recinto judicial pero solamente se presentaron 32. Los siete acusados que no se presentaron son Noel Sacasa Cruz, Esteban Duquestrada Sacasa, Benjamín Lanzas Selva, Eduardo Montealegre, Exides Navarro, Alfonso Robelo Callejas y Nicolás Marín.

El diputado Eduardo Montealegre Rivas, uno de los líderes de la oposición liberal, fuerte opositor al Presidente Daniel Ortega Saavedra, no se hizo presente a la cita del Juez porque alegó condición de inmunidad.

Mientras no se inicie el proceso de desaforación en la Asamblea Nacional y el Parlacen de los Diputados Eduardo Montealegre Rivas y Noel Ramírez Sánchez se podrían dar fallas contradictorias que perjudiquen el resto de los procesados, señaló el Fiscal Juárez, a quien la oposición señala de estar ligado al Presidente Ortega y de haber ocupado un alto cargo como oficial de los órganos de inteligencia sandinista en la década de los 80.

El Contralor Colegiado, Dr. Guillermo Arguello Poessy, dijo que Montealegre fue condenado por la Contraloria General de la República, sin haberse realizado una auditoria. Calificó el caso de político. “El meollo del asunto es ése. Si hay que buscar culpable es en la emisión de los Cenis. Fijate que en la renegociación de los Cenis sí encuentran culpable y directivos del Banco Central, pero en la emisión de los Cenis y beneficio económico que obtuvieron algunos conocidos banqueros, allí no hubo delito alguno. No interpreto nada, pero alguien dijo que no están todos los que son ni todos los que están. Si hubo algún delito en cuanto a emisión de Cenis por la quiebra de los bancos, eso no se está investigando”, enfatizó Argüello.

El Juez Julio César Arias Sánchez decidió no seguir el caso hasta que la Asamblea Nacional y el PARLACEN decidan quitarles la inmunidad a los Diputados Eduardo Montealegre Rivas y Noel Ramírez Sánchez. El caso de los CENIS se paraliza luego que se envió la solicitud de desafuero a los parlamentos respectivos.

En una conferencia de prensa y en comunicado dado a conocer se señalan declaraciones del Diputado Eduardo Montealegre Rivas en la cual dice que la audiencia inicial del Juez Arias rompe el equilibrio de Poderes y sienta el precedente de que, cuando hay finalidades políticas, un juez puede obviar cualquier procedimiento. “Si esto ocurre, todos los ciudadanos estaríamos en la total indefensión y desamparados frente al Estado”.

“Asistir a esa audiencia ilegal sería irrespetar a los Diputados de la Asamblea Nacional, irrespetar al Poder Electoral y a la Corte Suprema de Justicia, e irrespetar a todo el pueblo nicaragüense, porque estaría abriendo la puerta para la ilegalidad y la violación de los derechos constitucionales de todos los ciudadanos”.

“Estaría abriendo la puerta para que los Diputados demócratas puedan ser en el futuro citados y procesados ilegalmente por cualquier juez, sin respetar el hecho de que son inmunes.

El diputado Eduardo Montealegre Rivas alega que tiene inmunidad y por tal razón introdujo un Recurso de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia. “El Juez está desconociendo la jurisdicción de la Asamblea Nacional al pretender procesar a un ciudadano, que es Diputado por mandato constitucional, sin que la Asamblea haya decidido o no retirarle la inmunidad y está desconociendo la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia cuando pretende llevar a la vía penal un caso que está siendo conocido por la justicia constitucional”, agregó.