Las audiencias públicas de este período de sesiones de la CIDH continuarán en la capital norteamericana hasta el viernes. (FOTO ARCHIVO)

WASHINGTON.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició ayer su 137 período de sesiones en Washington, con un reclamo del gobierno de Venezuela para que despida a su secretario ejecutivo, Santiago Canton.

La CIDH "está parcializada contra nuestro país", afirmó el representante venezolano ante la comisión, Germán Saltrón, quien solicitó "la sustitución" de Canton.

De hecho, Saltrón advirtió que el gobierno de Caracas no aceptará ninguna visita "in loco" de representantes de la CIDH, que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), hasta que no se se alejen del cargo Canton y el relator de la comisión para Venezuela, Paulo Sergio Pinheiro.

Un eventual nuevo secretario ejecutivo, abundó el representante venezolano, debe "garantizar la transparencia, independencia y pluralidad de pensamiento" al interior de la comisión de derechos humanos.

En efecto, las audiencias sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela son numerosas desde que el presidente, Hugo Chávez, asumió el gobierno en 1999.

Según Saltrón, desde ese año la CIDH admitió unos ochenta casos referidos a Venezuela "en tiempo record".

Ayer, en su sesión matutina, la CIDH habilitó cuatro audiencias sobre Venezuela, dos de ellas privadas.

Pero, también la situación de los derechos humanos en Cuba y en Colombia son temas habituales de la comisión.

Además, la CIDH realizó durante la jornada una audiencia de importante impacto sobre los derechos humanos de las mujeres en Honduras, en medio de la crisis provocada por el golpe del 28 de junio que destituyó al presidente, Manuel Zelaya.

Otra de las audiencias de estuvo dedicada a la situación de los derechos humanos en Nicaragua, aunque el contenido de estas sesiones estuvo esencialmente destinado a los problemas de temática indígena.

Por ejemplo, se analizaron las demandas que elevaron representantes de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat, de Argentina, y las poblaciones originarias afectadas por el proyecto conocido como Integración de Infraestructura Sudamericana (IIRSA).

De la audiencia participaron representantes de los grupos Indian Law Resource Center, la Confederación Andina de Organizaciones Indígenas de Perú y similares de Bolivia y Brasil.

En el banquillo de los acusados quedó el proyecto IIRSA, aprobado durante la reunión de presidentes sudamericanos de agosto del 2000 y que tiene por objetivo conectar la infraestructura del subcontinente para impulsar la explotación de recursos naturales, muchos de ellos en territorios habitados por numerosas poblaciones indígenas.

En otras de las audiencias se revisó la marcha de una medida cautelar emitida sobre el caso de las comunidades indígenas Ngobe, en Panamá, y la situación de las personas afectadas por la construcción de "megas represas" en el continente.

Para sostener esta última demanda, viajaron a Washington representantes del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la Asociación Interamericana para la Defensa de Ambiente y Earthjustice, entre otras entidades.

Las audiencias públicas de este período de sesiones de la CIDH continuarán en la capital norteamericana hasta el viernes.