Canadá esta en la línea de cuestionar el fallo de la Corte Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, que permitió la reelección del Presidente Ortega para los períodos que estime conveniente. Hay preocupación canadiense porque el alto y máximo tribunal de justicia declaró “inaplicable” un artículo constitucional el 147, numeral 4, inciso a, en el cual se señala que “No podrá ser candidato a Presidente, ni Vice-presidente de la República para el que la hubiera ejercido por dos períodos presidenciales”.

El Secretario de Estado de Canadá para América, Peter Kent, dijo lo siguiente sobre el caso nicaragüense: “Nuestro primer análisis de la decisión nos lleva a creer que forma parte de un inquietante movimiento que disminuye el espacio democrático de Nicaragua”, afirmó.

“Tomamos en serio los alegatos según los cuales la estricta aplicación de la ley fue perturbada”, señala el comunicado, afirmando que su gobierno estaba “preocupado” por esta decisión.

El Canciller de Nicaragua, Samuel Santos López, no quiso comentar nada porque dijo que estaba llegando al país.

Ahora son dos países de importancia en las relaciones internacionales con Nicaragua que mantienen una posición de rechazo a las medidas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, en la cual el Presidente Daniel Ortega Saavedra y 109 alcaldes sandinistas pueden participar libremente en la nueva contienda electoral del 2011. Estados Unidos utilizó el término de “indebida” la resolución judicial.

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, dijo que “las decisiones que tienen un impacto tan profundo sobre la gobernabilidad democrática deberían tomarse de tal forma que fomenten un sentido de legitimidad y de identificación cívica por parte de los gobernados”.

“Compartimos la preocupación de muchos nicaragüenses de que esta situación es parte de un patrón más amplio de acciones gubernamentales cuestionables e irregulares, que empezó previo a las elecciones municipales fallidas de noviembre de 2008, lo cual amenaza con socavar las bases de la democracia nicaragüense y pone en duda el compromiso del gobierno nicaragüense de adhesión a la Carta Democrática Interamericana”, enfatizó en esa ocasión Kelly.