Ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000). (FOTO ARCHIVO)
LIMA.- La justicia peruana anunció ayer que dictará el miércoles la sentencia contra el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) por tres casos de corrupción, tras haber admitido su responsabilidad en las imputaciones durante el cuarto juicio en su contra desde que fue extraditado de Chile.
Fujimori, de 71 años, enfrenta desde el lunes pasado un proceso judicial por el que la justicia chilena aprobó su extradición, en 2007.
En un apartamento acondicionado en la sede de la dirección de operaciones especiales de la policía nacional (Diroes), en el distrito limeño de Ate, el mandatario cumple otras tres condenas en su contra. El tribunal judicial, presidido por el vocal César San Martín Castro, el mismo que condenó a Fujimori por la matanza de 25 personas, cometidas entre 1991 y 1992, anunció que el miércoles dictará la sentencia en su contra por los referidos casos, en los cuales aceptó su responsabilidad. La Fiscalía pidió ocho años de prisión y una reparación civil de 5 millones de nuevos soles (1,75 millones de dólares) a favor del Estado.
Según la acusación fiscal, Fujimori ordenó y planificó la interceptación telefónica a partir de 1990 contra 28 personas, entre políticos, periodistas y empresarios, como la ex candidata presidencial y jefa del partido Popular Cristiano, conservador, Lourdes Flores, El otro caso por el que será juzgado Fujimori es el del soborno a 13 congresistas de oposición para que se pasaran a su partido, a fin de garantizar una mayoría en el Congreso y apoyar su reelección inmediata en abril de 2000. Precisamente, fue el soborno al ex congresista Beto Kouri -perpetrado por el ex asesor de Fujimori Vladimiro Montesinos en su despacho de la sede del Servicio de Inteligencia y conocido a través de un video en setiembre de 2000- lo que marcó el inicio de la caída del gobierno del ex presidente.
El tercer caso involucra a Fujimori en la compra en 1999 del entonces Cable Canal de Noticias, por el que se pagaron 2,8 millones de dólares, y la adquisición de la línea editorial del diario Expreso.
Aunque la defensa de Fujimori no había adelantado la estrategia, los medios locales especularon que se acogería a la sentencia anticipada, lo que finalmente sucedió.
La decisión fue interpretada por políticos como el ex senador Javier Diez Canseco en la intención de evitar el costo político que podría tener el hecho de que se revelen detalles de los actos de corrupción cometidos durante los gobiernos de Fujimori (1990-2000).