“Amigas cariñosas”, “chicas inolvidables”, “preciosas asiáticas”... Cada día las páginas de publicidad de los periódicos se llenan con anuncios de prostitución. Un negocio que mueve 40 millones de euros sólo en España y tras el que se esconden mafias organizadas que trafican con seres humanos con fines sexuales.

La semana pasada, el presidente del Gobierno español anunció su intención de tomar medidas legales para prohibir la publicidad relacionada con la “industria” del sexo en los medios de comunicación. No es la primera vez que se dan pasos en este sentido. En enero de 2009, el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual definió a las prostitutas como “víctimas” y demandó a los diarios que acabasen con cualquier relación empresarial con la prostitución.

Algunos como La Razón, Público, 20 Minutos o Avui lo hicieron. Otros como La Vanguardia, El País, El Mundo o ABC siguen recaudando beneficios gracias a su particular “barrio chino”. Un término irónico con el que el articulista Antonio Burgos consagró a la sección de anuncios breves de los periódicos “donde se ofrecen casas de masajes, mulatas de pechos grandes, viudas ardientes y amigas que reciben en lencería, por no hablar del parte meteorológico de la lluvia dorada o de la filología del francés y el griego”.

Altamira Gonzalo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, denuncia esta actitud: “Que hay trata de blancas en nuestro país es una realidad y los medios de comunicación mantienen una postura contradictoria en este sentido. Por un lado, se manifiestan en contra de estas mafias y, por otro, mantienen los anuncios de explotación sexual”.

Cientos de anuncios relacionados con el comercio del sexo se ponen al alcance de cualquier persona ― incluidos menores ―, enmascarados bajo términos eufemísticos como “relax”, “adultos” o “contactos”. El País, periódico que denuncia la prostitución como una “esclavitud invisible”, a veces cuenta con más de 700 anuncios breves relacionados con contactos sexuales. En 2009, este diario, junto con El Mundo, ABC y La Razón sumaron 1.323 páginas destinadas a publicidad con contenidos sexuales. Unas cifras inferiores a las de años anteriores, pero aún muy elevadas si se comparan con el espacio que se dedica a anuncios de otras categorías.

El 85% de las personas que ejercen la prostitución lo hacen a la fuerza. Cada año, cerca de cuatro millones de mujeres y niñas son compradas y vendidas para ser explotadas sexualmente. Se sabe que muchos de los números de teléfono que aparecen en los anuncios de contenido sexual encubren esta actividad. Pero ahora que la prensa está de capa caída en lo que a número de patrocinadores se refiere, suprimir este tipo de publicidad pone en una encrucijada a los medios. ¿Qué hacer? ¿Ser consecuentes con la línea editorial o sucumbir al marketing de una actividad ilícita que sanea las arcas de los diarios?

Perder un negocio como este no parece estar en la mente de los editores. El director de El Mundo , Pedro J. Ramírez , contrario a la supresión de este tipo de publicidad, llegó a responsabilizar a los cuerpos de Seguridad del Estado de su existencia en el momento en el que estalló la polémica. “Nosotros no somos la Dirección General de la Policía”, dijo. “Si se investiga y se demuestra que hay tramas, éstas desaparecerán y también sus anuncios”.

La defensora de El País, por su parte, afirmó que no deberían publicarse este tipo de anuncios que contribuyen a denigrar a las mujeres y a convertirlas en esclavas. Sin embargo, este periódico es el que mayor número lanza a diario.

La prostitución supone un atentado contra los derechos humanos. No es una expresión de libertad sexual sino de violencia, marginación, problemas económicos y culturas patriarcales y sexistas. Se llega a ella sólo por la fuerza o la necesidad. Que los medios que critican esta actividad al mismo tiempo la promuevan responde a una actitud hipócrita, que cuenta monedas mientras seres humanos viven en la clandestinidad una actividad que destruye sus vidas. Si de dinero se trata, en manos de los lectores queda secundar o combatir esta doble moral.

(*)Periodista/ccs@solidarios.org.es