La falta de firma de 16 magistrados judiciales mantiene a 1,840 personas egresadas de la carrera de derecho sin sus respectivos títulos, lo cual les impide ejercer su profesión, de acuerdo con una investigación de La Jornada. (I Parte)

En la actualidad hay 1,840 títulos en proceso de rúbrica. Los documentos, pueden ser retenidos hasta por cuatro años en el edificio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por la falta de la firma de los 16 magistrados judiciales, y muchas veces las personas interesadas en agilizar los trámites recurren al tráfico de influencias.

Por lo general quienes se ven más afectados con este proceso son jóvenes de entre las edades de 23 a 29 años, ya egresados, porque la masa de jóvenes bachillerados mantiene un fuerte interés por estudiar leyes.

En Nicaragua, los egresados de la carrera de Derecho deben enfrentar un proceso “tedioso y prolongado” para incorporarse como abogados y notarios ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Y para superar el “tedio” que representa dicha incorporación, muchas veces los egresados se ven en la necesidad de encontrar a un ‘padrino’ (persona con influencia) dentro del Poder Judicial, para que le agilicen la entrega de sus títulos y documentos en menos de cuatro años.

Este defecto es un secreto a voces que todos conocen, pero por “miedo” no lo denuncian.

Uno de los casos es el de Martín, nombre ficticio de un joven de 27 años, quien solicitó el anonimato por temor a represalias, pese a que estudió cinco años para defender los derechos de los demás.

Martín relató que a finales del año 2005 solicitó su incorporación a la CSJ, para poder ejercer su profesión de abogado, sin embargo ese sueño por poco se le frustra, debido a que hasta este año el Poder Judicial le expidió su título.

“Yo metí mis papeles en 2005, sin saber que necesitaba de un 'padrino' para que me ayudara a agilizar mi título de abogado”, indicó Martín.

El “padrino” al que se refirió Martín es algún trabajador del Poder Judicial, quien utiliza sus influencias para agilizar la firma de títulos.

Para poder ejercer la carrera de Derecho en Nicaragua, el egresado debe contar con la autorización del Supremo Tribunal, el cual tiene predeterminado dos procesos, con el mismo fin. El primero es para entregar el título de abogado y el segundo es el de notario.

Cada certificado debe tener la firma de los 16 magistrados que conforman la CSJ, más la del Secretario y Oficialía Mayor del mismo Poder Judicial.

“Cuando solicité mi título de notario me fue mejor, porque me conseguí a un 'padrino' que me ayudó, y no duró mucho en que me lo entregaran”, comentó Martín, quien indicó que perdió varias ofertas laborales cuando no tenía su título de abogado y notario en sus manos.

“Te confieso que ya me estaba desilusionando e incluso me sentía desmotivado, porque a mí me gusta lo civil y no lo penal, y hasta pensé irme del país, pero bueno me entregaron a tiempo los documentos”, recordó Martín con una risa.

El Código Procesal Penal de Nicaragua, en su artículo 100, faculta a un egresado, estudiante o en su defecto entendidos en leyes, para que ejerzan el oficio únicamente dentro de la rama penal, pero esto sólo se aplica en localidades retiradas de la ciudad, donde no hayan abogados.

Sin embargo a este acápite se aferran los egresados, cuando sus títulos son retenidos por varios años en la CSJ, para ejercer el oficio al cual optaron, pero este artículo es muy cuestionado, ante la existencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

La LOPJ, en su Capítulo V, aborda sobre el ejercicio de las profesiones de abogados, y establece que una vez que al egresado le es promesado ante la CSJ, también tiene la autorización para el ejercicio indefinido de dicha profesión, y así se hará constar en el título respectivo. Es decir que, sin su debido título no se podrá litigar o comparecer ante los juzgados.

“Desde que inicié a estudiar esta carrera, el civil era a lo que aspiraba, pero con mi entrega tardía del título y mi carné, me sentí perjudicado y ni modo, a trabajar en penal, donde hay un montón litigando, pero no me iba a morir de hambre junto con mi familia”, sostuvo Martín.

La abogacía es una profesión muy amplia, porque es el auxiliar activo e indispensable en la administración y valor de la justicia de un país, ya sea para la materia civil, laboral, penal, mercantil, constitucional, Derechos Humanos, entre otros.

Carlos Romero. (foto)

La suerte de un egresado de contar con un aliado en la CSJ

Carlos Romero tuvo mejor suerte que Martín, pues su “padrino” se encargó de que su título estuviera listo, con las 16 firmas, en apenas seis meses y no en cuatro años.

“Me incorporé como abogado en el 2007 y como notario a inicios del 2008. Seis meses me llevé por las dos incorporaciones. La verdad que me trataron bien en la Corte, porque sí tenía un 'padrino'”, refirió Romero.

Romero consideró que el referido proceso, por su largo trayecto, representa “una violación de Derechos, por cuanto la misma Constitución Política lo establece, ya que uno debe de tener el libre ejercicio profesional y esto lo limita a uno, porque sin el carné no le dan la debida atención como profesional del Derecho”.

Según Romero, este tipo de actos en relación con la expedición tardía de títulos, es un factor que desmotiva y causa que la gente no desee estudiar la profesión.

“Cuando inicié a estudiar derecho, ya en segundo año, fue que se inició a escuchar los comentarios de los que estaban egresando y no se habían podido incorporar. Eso te desmotiva, porque si yo no tuviera un familiar en la Corte Suprema o en cualquier poder del Estado que me ayude, no te podés incorporar”, lamentó.

Universidades sin iniciativa

Derecho es una de las carreras que tiene mayor demanda en el país. Para el año 2008 había 4 mil 299 estudiantes de leyes, según datos estadísticos del Consejo Nacional de Universidades (CNU).

Dentro de esas universidades que reporta un número considerado de estudiantes de la justicia, están la Universidad Centroamericana (UCA), con 806; la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) con 1,262 y la Universidad Nacional Autónoma de Managua (Unan), con 859, y su sede en León que tiene a otros 1,372 estudiantes, según el CNU. Y a estas casas de estudios se le han sumado otras que ofrecen la carrera, las cuales son llamadas “universidades de garaje”.

Pese a que casi todos los centros de estudios tienen una gran demanda de estudiantes de Derecho, no han efectuado pláticas formales ante la CSJ para resolver el problema de la tardía entrega de títulos.

El catedrático de la Facultad de Derecho de la Upoli, Oscar Catillo, aseveró que las universidades “no hacen nada”, porque no existe un espacio contemplado en el proceso administrativo de incorporación de abogados y notarios.

“Lo que sí hemos hecho, no como Upoli, sino como facultades de Derecho como la UCA, la Unan, la Upoli y la Uam, es que hemos hecho visitas de trabajo (al Poder Judicial), hemos participado en algunos foros para incidir en que se cambien estos procesos de incorporación, de tal manera que responda a las expectativas que tiene el Poder Judicial, que son legítimas”, sostuvo Castillo.

Por su parte, el Secretario de la Facultad de Derecho de la Unan Managua, Alquímides Colindre, criticó que la gran cantidad de escuelas de Derecho “saturan el trabajo de la Corte”.

Sin embargo, Colindre estimó que una de las posibles vías que podría optar la Corte para destrabar el proceso, es establecer “tiempos específicos”, ya que “si ellos dijeran (los magistrados) vamos a tener cuatro o cinco sesiones al año de acreditación de abogados y notarios, a lo mejor se solucionan”, los problemas de ese proceso.

¿Y los gremios de abogados?

Por otro lado, los gremios de abogados señalan que no pueden interponer quejas porque las personas perjudicadas no desean o no tienen “el suficiente valor para denunciarlo públicamente”, dijo el Secretario General de los Abogados y Notarios de la Barra de abogados, Carlos Arroyo.

Así coincidió la Secretaria del Colegio de Abogados, Rosalina Romero, al decir: “Yo no he visto al montón de abogados reivindicando su derecho”. También subrayó que no existe “voluntad” de parte de la CSJ.

“Si en un auditorio pueden alcanzar 500, van 500 incorporados; es voluntad, no se trata de ley, no se trata de que estén todos los magistrados, es voluntad nada más, los términos están establecidos”, dijo.

Proyecto de ley para superar dificultad

El 6 de abril del 2010 se introdujo ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley denominado ‘Ley que establece que los títulos de abogados y Notarios Públicos sean firmados sólo por el presidente y Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia’, cuyo fundamento se “basa por el deseo de agilizar el trámite de incorporación”.

El mismo fundamento detalla que “el proceso de incorporación tendrá un tiempo límite de noventa días”, una vez que el interesado presenta los documentos requeridos.

El Primer Secretario de la Asamblea Nacional, Wilfredo Navarro, dijo que la entrega tardía de los títulos se debe a que cada magistrado debe de firmarlo.

“Estos títulos necesariamente tienen que ser firmados por los 16 magistrados, entonces ¿qué pasa?, transcurre una gran cantidad de tiempo entre despacho y despacho de cada magistrado y además se presta a que haya alguna situaciones que atrasan totalmente el proceso”, aseveró Navarro.

Según la magistrada de la CSJ, Ligia Molina, solo a su despacho llegan más de 500 títulos para firmar.

“Son cienes de títulos que están en cada despacho y por las actividades que realizan los magistrados, pues entonces se atrasa la firma de este título, además es engorroso para un magistrado firmar cien títulos, entonces si estás hablando de firmar cien títulos, tenés que recoger 1,600 firmas y además que en un despacho lo atrasan más que en el otro”, refirió Navarro.

El diputado consideró que la ley tiene cinco artículos que les “conviene” a los magistrados, porque “quitan un peso de trabajo que se puede hacer por el presidente, ya que ahora el presidente de la Corte no pertenece a ninguna Sala (de la Corte) y hace trabajos de otro tipo y entonces al presidente y al vice se le hacen más fácil las firmas y al secretario igual”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Pallais, también concordó con Navarro en la necesidad de la nueva ley, ante las “múltiples quejas que han recibido” de parte de los jóvenes profesionales que se han graduado y se ven “frustrados en el ejercicio de su profesión”.

Cairo Manuel López, constitucionalista, analizó que la situación se podría solucionarse con solo que el presidente y vicepresidente de la Corte firmen los títulos.