El decreto que emitió el Presidente Daniel Ortega el pasado sábado, prorrogando en sus cargos a una veintena de magistrados y contralores en caso de que el parlamento no elija a esos funcionarios, abrió una nueva crisis política en Nicaragua.

El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) anunció ayer domingo que procederá ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del Presidente Ortega, por “abuso de autoridad”.

En tanto, el diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Eduardo Montealegre, propuso que la Asamblea Nacional emita otro decreto, destituyendo al Presidente Ortega.

Desde diciembre pasado se venció el período de cinco años al Procurador y Subprocurador de Derechos Humanos, OMAR Cabezas y Adolfo Jarquín, respectivamente. Y entre febrero y junio terminarán sus funciones los diez magistrados electorales, cuatro judiciales (incluido uno que ya falleció, Guillermo Selva), así como ocho contralores.

El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se encontró con la falta de votos en el parlamento para reelegir a los magistrados electorales, entre ellos Roberto Rivas, presidente del Poder Electoral, acusado por la oposición de dirigir un supuesto fraude en los comicios municipales de 2008.

PLC, BDN, Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y Movimiento Renovador Sandinista (MRS), con 47 diputados en el parlamento, bloquearon la reelección de los magistrados electorales y advirtieron al FSLN que de no ceder con Rivas, también frenarían la elección de los contralores, magistrados judiciales y procuradores de justicia.

El sábado nueve de enero, al concluir Ortega su tercer año de Gobierno, dio a conocer el polémico decreto, justo frente al edificio de la Asamblea Nacional, en la Plaza de los Alineados Omar Torrijos.

"Las fuerzas que nos adversan están apostando al caos, es decir a que el país quede descabezado (…) porque a ellos (los legisladores) les corresponde elegir, no me corresponde a mí elegir. Y si no quieren elegir, como ya se ve, aunque estén cometiendo delito, les importa poco, se aferran a la inmunidad. Por lo tanto es mi obligación, tal y como lo manda la Constitución, prevenir y no venir después a lamentar, no podemos permitir llegar al caos”, manifestó Ortega antes de dar a conocer, en cadena nacional de radio y televisión, el decreto que prorroga en sus asientos a los funcionarios de alta jerarquía.

Según Ortega, el parlamento ha abierto un “vacío de poder” al no elegir a los procuradores de justicia y al revelar las bancadas liberales que existe la posibilidad de que tampoco se elijan a los magistrados judiciales, electorales y contralores.

El mandatario adujo que la Constitución le confiere la responsabilidad de mantener la estabilidad en el país.

“Ante la omisión de dichos nombramientos, se crea un vacío de poder en los órganos e instituciones del Estado que obstaculizan el funcionamiento y libre desempeño de estos. En virtud de lo anterior, y para evitar un vacío de poder, se ratifican y prorrogan en sus cargos a todas las autoridades de los poderes e instituciones del Estado (…) a quienes se les venza el período en el futuro inmediato, hasta tanto la Asamblea Nacional no nombre a nuevos funcionarios o ratifique a los actuales”, dice el artículo del decreto presidencial que se publicó el sábado pasado.

Ayer domingo el PLC celebró una reunión de emergencia en la hacienda l Chile, propiedad del ex mandatario Arnoldo Alemán, quien calificó a Ortega como “un reyezuelo indigno para ejercer la presidencia”.

Para el PLC y BDN, el mandatario nicaragüense violó la Constitución y dio el “tiro de gracia a la democracia” con el decreto que prorroga en sus cargos a los magistrados y contralores.

"Hay motivos para denunciar ante un tribunal por los delitos que ha cometido el Presidente Ortega", sostuvo ayer Alemán.
Nicaragua ha sufrido fuertes crisis políticas desde el año 2008, cuando la oposición denunció que el Poder Electoral y el FSLN se coludieron para realizar un fraude en los comicios municipales de ese año, que dejaron al oficialismo con 110 alcaldías, de 153 que tiene el país.

En 2009, seis magistrados judiciales sandinistas emitieron una sentencia, declarando inaplicable parte del artículo 147 de la Constitución, con el propósito de abrir las puertas a la reelección presidencial continua e indefinida, alegando igualdad de derechos.

Y en el arranque de 2010, Ortega emitió un decreto con el que pretende mantener en sus puestos a los magistrados judiciales y electorales, así como a los contralores.
Los tres eventos han levantado momentos de tensión política en el país.