El Presidente Daniel Ortega confirmó el sábado su claro interés por mantener en los poderes e instituciones del Estado a una serie de funcionarios que son claves para el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

El mandatario nicaragüense emitió un decreto, el sábado por la noche, prorrogando en sus cargos a los magistrados electorales y judiciales, así como a los contralores y procuradores de justicia a quienes en 2010 se les vence su período de cinco años, en caso de que la Asamblea Nacional no escoja a nuevos funcionarios.

Ortega sostuvo que el decreto pretende mantener la estabilidad en Nicaragua y evitar un vacío de poder, ante la posibilidad de que los diputados opositores bloqueen la elección de los funcionarios de alto rango.

“Está en ellos, en la Asamblea Nacional, la rápida solución de este problema. De tal manera que espero que los diputados de la Asamblea Nacional, que nos adversan, acojan de manera constructiva esta iniciativa (el decreto presidencial) y que en la agenda legislativa pongan en primer lugar la elección de todos estos cargos y el problema estaría resuelto", expresó Ortega el sábado, en la Plaza de los Alineados Omar Torrijos, durante un discurso con el que celebró sus primeros tres años de gobierno.

De esa manera, el Presidente Ortega aspira dejar en su cargo a su principal carta negociadora en el Poder Judicial, el magistrado Rafael Solís, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia.

A su vez, Ortega mantendría en su puesto al presidente del Consejo Supremo lectoral (CSE), Roberto Rivas, y a los magistrados José Luis Villavicencio y Emmet Lang.

En la Contraloría General de la República (CGR) continuaría en sus funciones José Pasos Marciaq y Luis Ángel Monenegro.

Finalmente, el procurador de justicia, Omar Cabezas, estaría reasumiendo sus funciones, gracias al decreto presidencial. Cabezas había cesado en su puesto en diciembre pasado.

No obstante, el Partido Liberal Consitucionalista (PLC) también mantendría en sus puestos a una serie de magistrados judiciales y electorales, así como a los contralores.

El PLC criticó al Presidente Ortega por la emisión del decreto del sábado nueve de enero, aunque no aclaró si los funcionarios afines a su partido dejarán sus sillas al concluir los cinco años para los cuales fueron electos.