Políticos y economistas plantean sus posiciones

Los sectores políticos y económicos más influyentes de Nicaragua expresaron ayer sus serias contradicciones en torno a un decreto que emitió el Presidente Daniel Ortega el sábado, que prorroga en sus funciones a los magistrados y contralores.

Mientras los diputados liberales mantuvieron sus críticas al mandatario, acusándolo de violar la Constitución; los sandinistas, partido en el poder, defendieron el actuar de Ortega y más bien advirtieron a los legisladores opositores que podrían ser “enjuiciados” por omisión de funciones, en caso de que frenen la elección de los nuevos magistrados y contralores.

A su vez, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), emitió un comunicado, rechazando el decreto presidencial.

"Rechazamos que el Poder Ejecutivo, a través de un decreto, se atribuye funciones que la Constitución atribuye exclusivamente a la Asamblea Nacional, las cuales no pueden, por ningún poder o funcionario, ser usurpadas", señaló el Cosep en su declaración.

Las bancadas liberales en la Asamblea Nacional tendrán esta mañana, en una reunión de junta directiva, la oportunidad de iniciar una serie de acciones legislativas en contra del decreto presidencial, como la aprobación de una resolución de junta directiva declarando el decreto como inconstitucional.

El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), tienen a cuatro de siete directivos legislativos.

El representante de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Eduardo Montealegre, demandó ayer a los directivos del PLC y ALN a impulsar una resolución en contra del decreto presidencial.

En tanto, el PLC reiteró que impulsará un proyecto de ley para derogar el decreto presidencial, que abrió una nueva crisis política en Nicaragua.

La ALN secundó la iniciativa del PLC, al igual que BDN.

“Rechazamos enérgicamente ese decreto, es nulo de toda nulidad. Se está inmiscuyendo (el Presidente) en las facultades que tiene la Asamblea Nacional y rechazamos y desconocemos el decreto del Ejecutivo. Mañana (hoy) que tenemos junta directiva, vamos a tocar el tema y que los miembros emitan una posición de junta directiva y que se emita una resolución de directivos”, dijo Carlos García, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional y miembro de ALN.

No obstante, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez ripostó a las acusaciones de los liberales y advirtió que de frenarse la elección de los funcionarios, podrían abrirse causas penales a quienes efectúen una “omisión” de sus funciones.

“La Constitución de la República dice que los funcionarios somos personalmente responsables por nuestras acciones o por nuestras omisiones (...) que pongan la barba en remojo los diputados que no cumplen con sus labores, porque pueden hasta ser procesados, y es hasta penal, es un delito contra la Constitución por omisión y sería con nombre y apellido, no contra la Asamblea Nacional”, indicó Gutiérrez.

Finalmente, en la Corte Suprema de Justicia, su presidente (el liberal Manuel Martínez) y su vicepresidente (el sandinista Rafael Solís), discreparon en torno al decreto presidencial.

Martínez criticó y desconoció la acción del Presidente Ortega, pero Solís la respaldó.

El magistrado Martínez mantuvo que Ortega emitió el decreto para presionar por la elección de funcionarios afines al sandinismo.

Sin embargo, los sandinistas sostuvieron ayer que Ortega tiene todo el derecho de emitir el decreto, para evitar un “vacío de poder”.