Ante decreto presidencial

Los partidos de oposición y el oficialista partido sandinista empezaron a medir fuerzas ayer en el parlamento, luego de que el pasado sábado el Presidente Daniel Ortega emitiera el decreto 03-2010, con el cual extendió en sus funciones a 25 funcionarios de alto rango, entre magistrados judiciales y electorales, contralores y procuradores de derechos humanos.

Ayer, en una reunión de junta directiva de la Asamblea Nacional, los diputados acordaron crear una comisión especial, integrada por ocho miembros, para convocar a la elección de todos esos funcionarios.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido que dirige el Presidente Ortega, calificó como un “éxito” la conformación de la comisión especial.

No obstante, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), lograron ayer aprobar en la junta directiva una resolución, no vinculante (es decir, que no tiene fuerza de ley), declarando ilegal el decreto presidencial 03-2010,al tiempo que exhortaron al mandatario Ortega a no violar más la Constitución.

Finalmente, PLC, BDN y MRS no lograron impulsar con fuerza un proyecto de ley, introducido ayer mismo al parlamento, para anular el polémico decreto presidencial.

Las tres bancadas opositoras, junto a dos directivos de ALN, dejaron la iniciativa en la llamada “agenda base” de la Asamblea Nacional, en la cual están incluidos todos los proyectos que han llegado a manos de los diputados, pero que no tienen una fecha específica de discusión.

El objetivo de la oposición era que el proyecto de ley pasara a la “orden del día”, para que en las sesiones ordinarias que el parlamento tendrá la próxima semana, la iniciativa pasara a comisión.

Tercia

El diputado José Figueroa, secretario ejecutivo de la bancada del FSLN, manifestó ayer que la comisión especial que verá el tema de la elección de los funcionarios de alto nivel se conformó ayer gracias al decreto presidencial 03-2010, que la oposición catalogó como “inconstitucional”.

La comisión especial estará integrada por dos miembros del FSLN (Edwin Castro y Figueroa), dos del PLC (Ramón González y José Pallais), uno de BDN (Carlos Langrand), otro de ALN (Ramiro Silva), uno más de la Bancada por la Unidad Nicaragüense (Guillermo Osorno) y uno del MRS (Víctor Hugo Tinoco).

Se espera que en la sesión del martes próximo, la primera que tendrá la Asamblea Nacional en 2010, se abra oficialmente la convocatoria para elegir al procurador y subprocurador de derechos humanos (quienes terminaron sus labores en diciembre de 2009) y además las dos vacantes que habrá en el Poder Electoral a partir de febrero.

Ni oficialismo ni oposición han dado a conocer oficialmente sus listas de candidatos, aunque el FSLN aspira a la reelección de Roberto Rivas en el Poder Electoral y de Rafael Solís en el Poder Judicial.

Rivas y los otros nueve magistrados electorales son rechazados por la oposición, quienes mantienen que no reelegirán a nadie en ese Poder del Estado.

Por otro lado, Figueroa agregó que al no avanzar el proyecto de ley con el cual se pretende anular el decreto presidencial, el anuncio que hizo Ortega el pasado sábado se mantiene vigente, es decir que mientras el parlamento no elija a nuevos funcionarios o reelija a los actuales, éstos podrán seguir ejerciendo sus labores.

Pero diputados opositores replicaron diciendo que tras la resolución no vinculante que desconoce el decreto presidencial, presionarán por la aprobación de la ley que declararía nulo el decreto 03-2010.

Para hoy miércoles, el PLC y BDN se reunirán por separado con la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (Amcham).

El lunes, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), rechazó el decreto presidencial 03-2010.

Ese mismo día se conoció que el Presidente Ortega había emitido desde el 7 de enero un decreto que incrementa a los empresarios el un uno por ciento el aporte que efectúan al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

El Estado pretende recaudar en 2010 aproximadamente 16 millones de dólares más con el incremento, declaró a periodistas el experto en temas fiscales, Julio Francisco Báez.

En Nicaragua el aporte de las empresas al INSS era del 15 por ciento, con el decreto de Ortega se incrementó al 16 por ciento.

Los diputados opositores volvieron a denunciar que Ortega, con ese decreto, también violó la Constitución, ya que sólo la Asamblea Nacional está facultada para aprobar nuevos tributos en Nicaragua.