La resolución no vinculante establece que “se rechaza y no se reconoce efecto alguno al decreto ejecutivo 03-2010". (FOTO ARCHIVO)
El presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista René Núñez, y el liberal Wilfredo Navarro, primer secretario, firmaron ayer una resolución de junta directiva, sin fuerza de ley, que desconoce un decreto del Presidente Daniel Ortega, que prorrogó en sus puestos a 23 funcionarios de Estado, en caso de que el parlamento no elija a nuevas personas en esos cargos.
La resolución se aprobó en junta directiva el martes, con una mayoría de 4 miembros contra tres.
Navarro informó que ayer se firmó la resolución y que posiblemente hoy se mande a publicar, para que tenga vigencia.
Los sandinistas, el partido en el poder, han desestimado la resolución, aduciendo que no tiene fuerza legal y que únicamente representa un criterio político.
Sin embargo, Núñez intentó evadir la resolución, el martes, al proponer que el parlamento interpusiera ante el Poder Judicial un recurso de conflicto entre poderes del Estado, en contra del Ejecutivo, pero la mayoría de directivos legislativos no aprobaron la moción.
La resolución no vinculante establece que “se rechaza y no se reconoce efecto alguno al decreto ejecutivo 03-2010, por violentar expresamente la Constitución, Ley para la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Ley de la Superintendencia de Bancos, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Electoral y Ley Orgánica de la Asamblea Nacional”.
En su segundo artículo, la resolución de junta directiva del parlamento señala que “Se insta al señor Presidente de la República a respetar la Constitución, evitando la violación de la misma y de las leyes y respetando principalmente el principio de separación y coordinación armónica entre los poderes del Estado”.
Y el tercer artículo advierte que “Se hace de conocimiento del Presidente, que para que no haga nombramientos ilegales, y de los funcionarios que asuman los cargos de manera ilegal, que se harán responsables de la comisión de delitos que establece el Código Penal y se les previene sobre las responsabilidades penales de sus actuaciones”.