Presidente Daniel Ortega, advierte a liberales. (Foto Jairo Cajina)

Advierte que de ser aprobada en el parlamento la vetará

La lucha de los liberales por aprobar una Ley de Amnistía, para proteger a sus dos lideres Eduardo Montealegre y Arnoldo Alemán por causas judiciales, no solo será en el parlamento sino que ahora con el Poder Ejecutivo, ya que el mandatario Daniel Ortega dice que de aprobarse dicho anteproyecto lo “vetará”.

“Claro que sí, seguro que la vamos a vetar”, dijo Ortega al ser consultado por medios oficialistas al finalizar la inauguración de la empresa textilera GD Maquiladora de Nicaragua, S.A. que generará empleo a 900 personas.

En la Asamblea Nacional los diputados afines a Montealegre y Alemán, introdujeron un anteproyecto de ley de Amnistía que beneficiará aquellas personas que trabajaron en el Estado de 1990 al 9 de enero del 2007, la cual hoy se decidirá si es puesto en agenda para que pase al plenario sea discutida y buscar la aprobación.

“Ellos (los liberales) están buscando a través de la amnistía, perdón para los delitos, para los robos, y eso lógicamente el pueblo no lo puede aceptar, el gobierno no lo puede aceptar y vamos a dar la batalla y estamos dando la batalla con el pueblo para que esa amnistía no pase”, refutó Ortega.

La semana pasada al ex mandatario y líder del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Arnoldo Alemán se le reabrieron tres casos el de las “vaquillas”, el “narcojet” y Mayco S.A, los cuales según señala es un “chantaje politico”, ya que de esas acusaciones fue sobreseído o están prescritas.

Al líder del partido Vamos con Eduardo (VCE) Eduardo Montealegre es acusado por los Certificados Negociables de Inversión (CENI).

Para la Internacional Liberal (IL), estás acusaciones penales “es nada más una táctica para confundir al pueblo nicaragüense”, señala un comunicado.

Si la ley de amnistía es aprobada por el Parlamento, el presidente podrá vetarla en un periodo de 15 días para modificarla rechazarla o mejorarla, si el mandatario no la manda a tiempo a publicar el parlamento tiene un plazo de 30 días para hacerlo, señala la Constitución Política.