Francisco Rosales. (foto archivo)
Doctor Francisco Rosales Argüello expone posible agenda
El magistrado Francisco Rosales Argüello, que se identifica con el Frente Sandinista, dice que la Corte Suprema de Justicia, CSJ, deberá analizar en Corte Plena el decreto 03- 2010 por medio del cual el presidente Daniel Ortega Saavedra, decidió prorrogar en sus cargos a 25 funcionarios de los poderes del Estado a los cuales se les venció su período.
También será analizado, si se reúne la Corte Plena, el artículo 201 de la anterior Constitución del año 1987, que es el justificativo esgrimido por la Presidencia de la Asamblea Nacional que expresa que esa norma no fue anulada, para que los que ocupan los cargos en los poderes puedan seguir en los mismos hasta que sean electos los nuevos funcionarios por el poder Legislativo.
Otro tema que será visto en Corte Plena, según Rosales Argüello, es la sentencia que permite que el presidente Ortega pueda aspirar a ser candidato presidencial para un tercer período presidencial. La actual Carta Magna impide al presidente Ortega ser candidato para un tercer período presidencial hasta que no sea reformada parcialmente.
Rosales dijo que la Magistrada Alba Luz Ramos, tiene toda la potestad para convocar a Corte Plena porque así lo indica el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Si los Magistrados liberales no quieren asistir a la convocatoria ese es problema de ellos. Expresó que los 8 Magistrados sandinistas en el cual se incluye a los Doctores Rafael Solís y Armengol Cuadra constituyen la mayoría. Ambos Magistrados tienen vencido su período en el cargo pero ellos se acogen al decreto presidencial 03-2010
“En caso de falta temporal y simultánea del Presidente y del Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, asumirá sus funciones el Primer Vocal. La ley es clara, no hay de que las funciones son administrativas o tal. La ley sin limitación alguna dice que tiene las atribuciones del presidente, y son las que tiene en este momento la magistrada Ramos, porque cuando el legislador y la ley no distingue, no tiene por qué venir a distinguir nadie”, enfatizó Rosales.
El magistrado reiteró que la Corte debe sentarse a dirimir los problemas generados por la omisión de la Asamblea Nacional de nombrar a los funcionarios.
“Sería bueno que algunos magistrados nos sentemos en la Corte, y ante la omisión de la Asamblea Nacional nos pronunciemos ya sobre el decreto, el artículo 201 y la sentencia del 19 de octubre, donde se declara la inconstitucionalidad del artículo 147. Ya transcurrieron los dos meses que establece la ley, y el decreto 03-2010 entró en plena vigencia guste o no guste”, expresó Rosales.
“Si asisten 9 ó 10 magistrados previamente convocados hay Corte Plena, no necesariamente se hace Corte Plena con 16 magistrados”, dijo en contraposición al planteamiento del Magistrado y presidente saliente Manuel Martinez Sevilla que afirmó que la mayoría para formar Corte Plena son los 12 Magistrados y 9 para hacer quórum. “Si se convoca y no asisten es problema de ellos, la mitad de 15 magistrados más uno es ocho, somos mayoría”, dijo Rosales.
La posibilidad de que la Corte Plena sea convocada por los Conjueces se esta analizando a la luz de la doctrina del Derecho dijo por otro lado la Magistrada sandinista Ligia Molina. Hasta el momento no se pensado en esa posibilidad, acotó.
El Diputado de la oposición liberal José Pallais Arana dijo que las funciones de la Presidenta de la Corte, Alba Luz Ramos Vanegas, son meramente administrativas pero no puede convocar a Corte plena, afirmó.
Por su parte, el magistrado sandinista Francisco Rosales dijo que el artículo 163 de la Constitución Política es claro en decir que en ausencia tanto del presidente de la Corte como del vicepresidente, la primera vocal, en este caso la magistrado Ramos, asume las funciones de ambos.
Afirmó que la Carta Magna no señala que sólo son las funciones administrativas y que por lo tanto nadie puede interpretar que Ramos no puede asumir las funciones jurisdiccionales del presidente de la Corte, enfatizó.
"Brasil mantiene su posición de que el presidente Porfirio Lobo debe dar condiciones para que el presidente Zelaya vuelva al país en perfectas condiciones de seguridad", dijo hoy Marcelo Baumbach, vocero de la presidencia Brasil suspendió sus relaciones con Honduras tras el golpe de Estado de junio de 2009, que destituyó a Zelaya, a quien luego le concedió asilo en su embajada en Tegucigalpa.
El gobierno de Luiz Lula da Silva también objetó las elecciones de enero en las que se impuso Lobo.
La situación en Honduras "ha sido discutido de manera abierta en UNASUR, en la Asamblea de la OEA fue constituida una comisión de alto nivel que deberá presentar un parecer el 30 de julio" agregó el portavoz Baumbach. El vocero descartó que el tema sea tratado este miércoles por el presidente Lula y su par peruano, Alan García, durante el encuentro que mantendrán en Manaos, Amazonia brasileña.